El Senado de Paraguay destituyó el pasado viernes al presidente Santiago Peña, quien fue puesto inmediatamente bajo arresto domiciliario. La decisión surge en medio de graves sospechas de abuso de confianza y tráfico de influencias, luego de que el colapso de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada al gobierno, dejara a casi la mitad de los 6 millones de habitantes del país sin acceso a sus ahorros.
La destitución se produjo mediante una votación unánime, en la que los 44 senadores presentes votaron a favor de remover a Peña de su cargo por faltas graves. Con este resultado, Peña se convierte en el segundo presidente paraguayo destituido a través de un juicio político desde que finalizó la dictadura del general Alfredo Stroessner en 1989. El veredicto puso fin a un periodo que había sido percibido como una de las presidencias más estables de Sudamérica.
Tras conocerse la decisión, multitudes de jubilados, estudiantes y clientes bancarios se congregaron en la plaza frente al Congreso, celebrando la noticia con banderas paraguayas, cantos y abrazos. Muchos de los manifestantes vestían camisetas de la selección nacional de fútbol, equipo que había sido patrocinado por la entidad financiera ahora quebrada.
La crisis política, calificada como la peor en más de una década, fue desencadenada tres días antes, cuando los reguladores incautaron Ueno Bank, provocando un fuerte impacto en el sistema financiero nacional. Como consecuencia, la policía rodeó la residencia de Peña en Asunción la noche del viernes, mientras ciudadanos realizaban una vigilia para evitar cualquier intento de fuga. El exmandatario deberá comparecer ante los fiscales el sábado por la mañana.
Los cargos contra Santiago Peña incluyen abuso de confianza, tráfico de influencias y el uso del cargo público para beneficio personal. Los delitos más graves podrían conllevar penas de hasta 10 años de prisión. Los legisladores sostienen que Peña utilizó su influencia política para canalizar cientos de millones de dólares en fondos públicos hacia Ueno Bank, mientras los reguladores ignoraban la existencia de préstamos internos de alto riesgo. Por su parte, Peña ha negado haber cometido cualquier delito.
En un mensaje de despedida emitido antes del veredicto, el ahora destituido presidente expresó su esperanza de que su salida no fuera motivo de mayor división o inestabilidad. "Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas", escribió Peña.
La indignación social ha escalado rápidamente. Mientras se deliberaba en el Senado, manifestantes marcharon por el centro de Asunción exigiendo la devolución de sus ahorros congelados y la rendición de cuentas de los responsables. El coro “Santi Peña a Tacumbú” resonó en las calles, haciendo referencia a la principal prisión de la capital, donde ya se encuentra detenido Miguel Vázquez, fundador y exdirector general de Ueno Bank.
El impacto económico ha sido severo. Ueno Bank había captado a más de un millón de paraguayos, muchos de los cuales abrieron allí su primera cuenta bancaria gracias a una estrategia agresiva de captación dirigida a sectores pobres y no bancarizados, ofreciendo reembolsos generosos en supermercados. De un momento a otro, los clientes perdieron la capacidad de retirar efectivo, acceder a sus ahorros o utilizar sus tarjetas. Incluso jugadores de la selección nacional de fútbol han reportado la imposibilidad de acceder a sus fondos.
Las repercusiones se han extendido a otros sectores. Una aplicación de transporte que operaba con Ueno cerró sus actividades, dejando a 3,000 conductores sin empleo. Asimismo, la empresa estatal de electricidad informó que 21 millones de dólares, provenientes de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y Taiwán destinados a obras públicas, permanecen atrapados en el banco. En los mercados, los bonos de Paraguay registraron algunas de las peores pérdidas en mercados emergentes durante la semana y el guaraní sufrió una caída frente al dólar.
En el ámbito judicial, los fiscales han acusado a 27 personas, incluido Miguel Vázquez, por delitos de abuso de confianza e intento de fraude. Un juez ordenó la detención preventiva de seis exdirectores, mientras que otros dos quedaron confinados en sus domicilios con monitores electrónicos. Las autoridades ya han incautado avionetas, un yate y vehículos de lujo vinculados a Vázquez. Además, se ordenó el arresto de Carlos Carvallo, quien dirigió la financiera antes de ser nombrado presidente del banco central por Peña en 2023.
La sucesión presidencial quedó en manos del vicepresidente Pedro Alliana, quien juró como presidente el viernes para completar el mandato hasta agosto de 2028. Sin embargo, Alliana también se encuentra bajo investigación en relación con el caso del banco, heredando un gobierno presionado para castigar a los responsables y restituir el dinero a los depositantes.
Para mitigar el impacto, el jueves comenzaron a recuperarse los fondos de quienes tenían depósitos de hasta 10 millones de guaraníes (aproximadamente 1,500 dólares). El banco central ha asegurado que los depósitos están protegidos hasta los 35,000 dólares, lo que cubriría al 97 por ciento de los clientes. La institución describió el colapso de Ueno como un caso aislado y afirmó que el sistema financiero general permanece seguro.
