En una jornada marcada por una profunda inestabilidad institucional, la Policía Nacional de Paraguay procedió este viernes a ejecutar la detención domiciliaria del expresidente Santiago Peña. Esta medida judicial se implementó apenas unas horas después de que el Senado de la República aprobara su destitución a través de un juicio político, poniendo fin a su mandato en medio de una severa crisis política y financiera que ha sacudido al país.
El proceso de destitución fue el resultado directo de la crisis originada por el cierre y la posterior intervención de Ueno Bank. De acuerdo con la información proporcionada por Javier Romero, jefe de informaciones de Exitosa, la salida del exmandatario fue decidida en una sesión de la cámara legislativa compuesta por 45 miembros. El resultado de la votación fue contundente: se registraron 44 votos a favor de la destitución y una sola ausencia. Este resultado tuvo un efecto inmediato, retirándole sus fueros legislativos y presidenciales, lo que permitió que la justicia avanzara con las órdenes de captura debido a sus presuntos vínculos con la entidad bancaria intervenida.
Tras la culminación del proceso legislativo, se produjo un cambio inmediato en la jefatura del Estado. El entonces vicepresidente, Pedro Alliana, asumió la presidencia de la República tras recibir formalmente la banda y el bastón presidenciales. Este relevo en el mando ocurre en un contexto crítico, exactamente tres días después de que el Estado interviniera Ueno Bank, una situación que ha dejado a aproximadamente tres millones de clientes sin la posibilidad de acceder a sus ahorros y fondos personales, generando una ola de malestar social.
Respecto a la situación legal del exmandatario, la Policía Nacional de Paraguay confirmó oficialmente que Santiago Peña ya se encuentra detenido. Según detalló el especialista Javier Romero, la Fiscalía de Paraguay emitió la orden de arresto en su domicilio particular bajo el cargo de "lesión de confianza". Esta orden fue redactada y remitida solo minutos después de que finalizara la votación en el Senado. El oficio enviado al comandante de la Policía Nacional dispone que se asegure la custodia del exjefe de Estado en su residencia, aunque se informó que se espera la llegada de Peña a la sede de la fiscalía a las 10 a. m., hora local, para continuar con las diligencias correspondientes.
Las acciones judiciales no se han limitado únicamente a la figura del expresidente. La Fiscalía ha extendido las órdenes de detención a otras figuras clave del sector monetario nacional. El mismo documento fiscal que ordena la detención de Peña dispone también el arresto de Carlos Carvallo Spalding, quien se desempeñó como funcionario al frente del Banco Central de Paraguay (BCP) hasta el pasado martes. Esta medida indica que la investigación busca deslindar responsabilidades en los niveles más altos de la administración financiera del país.
En medio de este escenario de tensión, el nuevo presidente, Pedro Alliana, se pronunció públicamente para abordar la urgencia de los ciudadanos perjudicados por la clausura de las operaciones de Ueno Bank, entidad que estaría vinculada a Santiago Peña. En su primer mensaje tras asumir el cargo, Alliana aseguró que los compatriotas que atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente, enfatizando que el Gobierno no los dejará solos en esta situación.
La administración de Alliana ha situado la devolución de los recursos a los ahorristas como la medida prioritaria y principal tras concretarse la sucesión de mando. El mandatario subrayó que el Paraguay que recibe en este momento presenta urgencias que obligan a la nueva gestión a mantener una presencia activa en las calles, en los hospitales y en el campo, reconociendo la gravedad de la situación heredada.
Mientras el Gobierno paraguayo inicia las gestiones administrativas y políticas correspondientes tras el relevo en la presidencia, las autoridades del Ministerio Público y las fuerzas del orden continúan trabajando en el cumplimiento estricto de las órdenes emitidas por el sistema judicial. La situación permanece bajo vigilancia mientras se desarrollan las investigaciones sobre la lesión de confianza y el impacto financiero del cierre del banco.
