El panorama político de Paraguay ha sufrido un giro drástico este viernes tras la destitución del presidente Santiago Peña y la posterior orden de detención emitida por la Fiscalía. La decisión llega en un momento de extrema tensión institucional, desencadenada por una crisis financiera vinculada al cierre de la entidad Ueno bank, la cual ha provocado un impacto masivo en la ciudadanía y ha terminado por erosionar la base de apoyo del mandatario.
El proceso culminó en el Senado, donde el cuerpo legislativo resolvió remover a Peña de su cargo mediante un respaldo que fue calificado como prácticamente unánime. Esta decisión fue el resultado de un juicio político centrado en el presunto mal desempeño de sus funciones y en los cuestionamientos surgidos sobre sus vínculos personales y profesionales con la mencionada entidad financiera. Cabe destacar que el Congreso había rechazado previamente tramitar la renuncia del mandatario, optando en su lugar por continuar con el procedimiento político para asegurar que el proceso de destitución siguiera su curso legal.
Apenas unos minutos después de que el Senado concretara la destitución y, por consecuencia, el ahora expresidente quedara sin los fueros que lo protegían, la Fiscalía de Paraguay actuó con rapidez. El organismo judicial ordenó la detención de Santiago Peña bajo el cargo de "lesión de confianza", iniciando así una serie de investigaciones penales que buscan esclarecer el manejo de los recursos y la relación entre el Ejecutivo y la banca.
La crisis que precipitó esta caída política tiene su origen en las acciones del Banco Central del Paraguay (BCP), institución que ordenó un procedimiento de resolución sobre Ueno bank. La magnitud de esta entidad financiera es considerable, contando con un total de 2,94 millones de clientes en un país que tiene una población estimada de 6,1 millones de habitantes. La gravedad del caso se intensifica al revelarse que, durante el mandato de Peña, Ueno bank recibió millonarios recursos provenientes de diversas entidades públicas, lo que alimentó las sospechas de irregularidades y favoritismos.
El impacto social de este colapso bancario ha sido severo. Miles de ahorradores han denunciado la imposibilidad de acceder a sus fondos, generando un clima de incertidumbre y malestar generalizado. Entre los más afectados se encuentran aproximadamente 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las cajas de pensiones más importantes del país, quienes dependen de estos recursos para su subsistencia básica.
Durante el juicio político, los diputados que asumieron el rol de acusadores fueron tajantes en sus denuncias. Según expusieron ante el Senado, la pérdida de fondos del pueblo paraguayo tras el cierre de Ueno bank ascendería a unos 1.200 millones de dólares. Debido a la magnitud de esta cifra y a la naturaleza de los vínculos cuestionados, los acusadores calificaron a Santiago Peña como "el desfalcador más grande de la historia" de la nación, solicitando formalmente que fuera declarado culpable.
En el aspecto político, Peña enfrentó sus últimas horas en el poder en un aislamiento casi total, habiendo perdido el respaldo del Partido Colorado, la fuerza gobernante. A pesar de haber sido convocado personalmente para comparecer ante el Legislativo, el exmandatario no acudió a la cita. En su lugar, delegó su representación en los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes se encargaron de presentar la defensa técnica y jurídica del imputado durante las deliberaciones.
Antes de que se procediera a la votación final en el Senado, Santiago Peña utilizó su cuenta en la red social X para dirigirse a la ciudadanía. En su mensaje, afirmó haber presentado su renuncia con el objetivo de evitar que el país sufriera mayores daños y para contribuir a la recuperación de la tranquilidad pública. "No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal", escribió el ahora exgobernante. Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos paraguayos para que se unan en el proceso de reconstrucción de la institucionalidad y la recuperación de la confianza en el sistema.
