En un operativo ejecutado por las autoridades municipales, una chatarrera ubicada en la colonia Zacamil, específicamente en la 29 avenida Norte del distrito de Mejicanos, fue objeto de una clausura temporal. Esta medida fue implementada por la Alcaldía de San Salvador Centro tras haberse recibido múltiples denuncias ciudadanas que alertaban sobre la ocupación indebida de espacios públicos y la obstrucción de las aceras en dicha zona.
La intervención estuvo a cargo del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador, quienes se trasladaron al lugar para verificar la legalidad del establecimiento. Durante la inspección, los agentes constataron que el negocio no contaba con la licencia de funcionamiento requerida por la normativa municipal vigente y que, efectivamente, el establecimiento estaba utilizando el espacio público de manera irregular, dificultando el libre tránsito de los peatones.
Como consecuencia inmediata de estos hallazgos, las autoridades procedieron a colocar un aviso de «Negocio clausurado temporalmente». Esta acción se fundamentó estrictamente en el marco legal establecido en la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del Municipio de San Salvador Centro, específicamente bajo lo dictaminado en el artículo 83.
De acuerdo con el contenido del artículo 83 de la mencionada ordenanza, aquellas personas o entidades que instalen establecimientos o lleven a cabo actividades comerciales sin contar con las autorizaciones y licencias correspondientes se exponen a sanciones severas. La normativa prevé la imposición de multas económicas que oscilan entre los $901 y los $2,200 dólares. En casos donde la falta sea persistente o grave, la municipalidad tiene la potestad de decretar el cierre definitivo del negocio.
Es importante destacar que el cierre ejecutado en la colonia Zacamil tiene el carácter de medida provisional. Según la disposición legal, la clausura temporal puede aplicarse antes de que se inicie formalmente el procedimiento administrativo sancionador. No obstante, la normativa establece un plazo estrictamente definido para el seguimiento de este proceso: la medida de cierre debe ser confirmada, modificada o levantada una vez que se inicie el procedimiento administrativo, el cual debe efectuarse dentro de los 15 días siguientes a la adopción de la medida provisional.
Para garantizar la transparencia y legalidad del operativo, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos debe levantar un acta detallada durante la inspección de verificación de legalidad, documento que sirve como soporte para la ejecución del cierre temporal y el posterior proceso sancionador.
Además de la falta de licencia comercial, el establecimiento incurrió en infracciones relacionadas con el uso del espacio público. En este sentido, la Alcaldía aplicó también las consideraciones del artículo 50 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana. Este artículo sanciona a quienes, sin contar con un derecho o garantía constitucional que lo respalde, impidan o dificulten la libre circulación en las vías o espacios públicos.
La normativa es clara al señalar que la libre circulación incluye no solo el tránsito de peatones, sino también el de personas en bicicletas, escúteres y cualquier otro medio de transporte que promueva la movilidad sostenible. Asimismo, el artículo 50 prohíbe explícitamente la colocación de obstáculos en la vía pública y el uso de estos espacios como estacionamientos privados, incluyendo las ciclovías. Las sanciones previstas por este tipo de obstrucciones varían entre multas de $51 y $900 dólares.
Con este operativo, la municipalidad de San Salvador Centro reafirma su política de control sobre el uso de los espacios públicos y el cumplimiento de las obligaciones comerciales. La intervención en la colonia Zacamil subraya la importancia de que los comercios operen bajo la legalidad y respeten el derecho de movilidad de la ciudadanía, evitando que la actividad económica particular afecte la convivencia y la funcionalidad urbana del distrito de Mejicanos.
