En las montañas de Guerrero, donde los pinos cubren las cumbres de la comunidad de El Balcón, un grupo de campesinos ha roto el silencio para narrar una experiencia marcada por el terror, la degradación humana y la incertidumbre. Tras pasar 22 días en cautiverio, seis de los ocho secuestrados han compartido testimonios anónimos que revelan las tácticas de sometimiento utilizadas por los cárteles para controlar el territorio y los recursos naturales de la región.
El horror comenzó el 24 de septiembre, cuando decenas de hombres armados irrumpieron en esta comunidad de 750 habitantes, asentada en tierras de propiedad colectiva dentro de un área natural protegida. Los delincuentes, quienes se identificaron como integrantes de La Familia Michoacana, capturaron y maniataron a quienes encontraron a su paso: un anciano que cuidaba el ganado con su nieto de 13 años, un adolescente que auxiliaba a su tío con el ganado, un conductor, un productor de mezcal y dos hermanos en sus veintes. Según el relato del productor de mezcal, la carretera estaba repleta de sicarios durante la incursión.
El Balcón no es un lugar desconocido para el crimen organizado, pero sus habitantes han mantenido históricamente una postura de resistencia. Hace décadas, la comunidad decidió no cultivar amapola para no enriquecer a los narcotraficantes. Recientemente, se negaron a colaborar con el cártel o a abandonar sus tierras, apoyándose en una sólida organización comunitaria. El sacerdote Filiberto Velázquez, quien brinda apoyo a la zona, explicó que el grupo criminal busca controlar una ruta estratégica que conecta el centro de México con la costa sur del Pacífico, donde operan aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación; El Balcón y sus recursos forestales representan un obstáculo en ese camino.
Durante su cautiverio, los campesinos fueron trasladados a una casa donde se encontraban otras decenas de personas. Aseguran haber sido parte de un grupo de aproximadamente 136 cautivos, cifra que escucharon de un pistolero al solicitar comida para las “ardillas”, término peyorativo utilizado para referirse a los prisioneros, quienes debían llevarse ambas manos esposadas a la boca para poder alimentarse. Las condiciones eran inhumanas: dormían apretujados, esposados y con vendas en los ojos que solo podían levantar ligeramente para comer.
Los testimonios describen interrogatorios violentos donde se les acusaba de pertenecer a un cártel rival, acompañados de amenazas de ser quemados vivos, golpes con rifles y patadas. El sufrimiento físico fue extremo; un adolescente se desmayó repetidamente por hambre y sed, mientras que otro cautivo llegó al extremo de beber su propia orina. En medio de este delirio, uno de los miembros del grupo desapareció y nunca volvió a ser visto por sus compañeros.
El control psicológico fue una herramienta constante. Los captores jugaban con ellos preguntándoles qué tipo de muerte preferían. El adolescente del grupo vivió con el terror constante de ser reclutado como sicario, pues escuchaba a los pistoleros decir que mandarían a algunos prisioneros a luchar. La desesperación llegó a tal punto que un hombre suplicó que le dispararan para terminar con su sufrimiento.
La comunidad de El Balcón reaccionó con rapidez gracias a una red de seguridad interna. Al notar movimientos extraños, volaron un dron y lograron observar cómo se llevaban a los últimos secuestrados. Esta movilización social y la presión pública fueron inmediatas, exigiendo la intervención del Gobierno de Guerrero. A la semana del secuestro, el cártel liberó al nieto del anciano, quien regresó descalzo tras caminar varias horas. El niño proporcionó pistas clave que permitieron a los pobladores elaborar un mapa de búsqueda para las autoridades.
A mediados de octubre, la situación alcanzó un punto crítico cuando circuló un video en redes sociales donde seis de los desaparecidos aparecían con uniformes militares y esposados, siendo interrogados como miembros de un cártel rival. Los cautivos confesaron que fueron obligados a ensayar el video varias veces bajo la amenaza de rifles. Sin embargo, la presión social y los operativos militares terminaron por forzar su liberación.
El 16 de octubre, el Ejército informó haber localizado a seis de los desaparecidos mediante "trabajos de inteligencia militar". Al regresar, la alegría del reencuentro se mezcló con el dolor, pues uno de los secuestrados sigue desaparecido. Mientras la Fiscalía de Guerrero investiga el caso, el sacerdote Velázquez presiona para que la fiscalía federal tome el mando debido a la magnitud del crimen. Hasta el momento, las autoridades no han aclarado el paradero del centenar de personas que los sobrevivientes aseguran que permanecían retenidas en el campamento.
