En una acción contundente ejecutada este 6 de noviembre de 2026, las fuerzas de seguridad del Ecuador lograron desarticular una presunta red criminal dedicada al tráfico ilícito de personas con destino a Norteamérica. El operativo, que se desarrolló de manera simultánea en las provincias de Azuay y Cañar, culminó con la aprehensión de cuatro ciudadanos ecuatorianos, quienes ahora enfrentan cargos por su presunta vinculación con el traslado irregular de migrantes hacia los Estados Unidos.
La intervención policial fue denominada “Operativo Fénix 0626” y se llevó a cabo en el marco de la denominada Estrategia Operacional 3D. Los allanamientos se concentraron específicamente en las capitales provinciales del austro ecuatoriano, Cuenca y Azogues, donde se intervinieron diversos inmuebles vinculados a las actividades de esta organización. La coordinación de las acciones de campo estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Investigación contra la Violencia de Género, Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia y Tráfico Ilícito de Migrantes (DINAF), actuando a través de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNAT).
Este operativo no fue un esfuerzo aislado, sino que contó con la colaboración estratégica de la Fiscalía General del Estado y el apoyo fundamental de la Embajada de Estados Unidos, lo que permitió la localización y captura de los cuatro sospechosos implicados en el esquema de tráfico humano.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, la organización mantenía una estructura jerárquica y operativa con funciones estrictamente delimitadas entre sus integrantes. El grupo se especializaba en la captación de personas interesadas en migrar, la recaudación de cuantiosas sumas de dinero en efectivo y la planificación meticulosa de rutas, tanto terrestres como aéreas, para evadir los controles migratorios oficiales.
El costo económico para acceder a estos servicios clandestinos era sumamente elevado. Las autoridades determinaron que los miembros de la red exigían a cada viajero pagos que oscilaban entre los 18 000 y los 20 000 dólares estadounidenses. Estas sumas eran el requisito indispensable para que la organización coordinara los peligrosos trayectos hacia el norte del continente, facilitando el desplazamiento de las personas fuera de los canales legales establecidos.
Un elemento crítico identificado durante las diligencias fue la utilización de una agencia de viajes como fachada operativa. Este establecimiento comercial era el encargado de gestionar los boletos aéreos hacia diversos países que servían como puntos intermedios y de tránsito en los itinerarios clandestinos. Durante el allanamiento a dicho local, los agentes policiales confiscaron carnés de vacunación contra la fiebre amarilla. Según las investigaciones, estos documentos eran utilizados para eludir los controles sanitarios exigidos por el Ministerio de Salud Pública al momento de la salida de los viajeros del país.
Uno de los aspectos más alarmantes revelados por los reportes de los agentes asignados al caso es la vulnerabilidad de los pasajeros. Se confirmó que tres niñas, niños o adolescentes fueron expuestos a condiciones de alto riesgo físico durante los desplazamientos migratorios coordinados por esta red, evidenciando la peligrosidad de los trayectos organizados por los sospechosos.
Durante las inspecciones en los inmuebles intervenidos, las unidades especializadas recolectaron diversos indicios que servirán como sustento probatorio en el proceso judicial. Entre los objetos incautados se encuentran cuatro teléfonos celulares, documentación vinculada al presunto delito de tráfico de migrantes, los mencionados carnés de vacunación y una suma de 410 dólares en efectivo. Todos estos elementos fueron ingresados en la cadena de custodia correspondiente.
Finalmente, los cuatro ciudadanos ecuatorianos aprehendidos fueron trasladados y quedaron a órdenes de la autoridad competente. Se espera que sean sometidos a la audiencia de formulación de cargos, instancia en la cual un juez determinará las medidas cautelares y definirá la situación jurídica de los procesados conforme a la normativa legal vigente en el Ecuador. Por su parte, las autoridades ratificaron que las investigaciones continuarán activas con el objetivo de frenar la vulneración de derechos humanos en los traslados irregulares transfronterizos.
