Paraguay atraviesa una situación de profunda inestabilidad tras la intervención del Ueno Bank por parte del Banco Central, un evento que ha desencadenado una crisis multidimensional que afecta desde las altas esferas del poder político hasta las bases del deporte nacional y regional. La debacle financiera se hizo pública el pasado martes 3 de noviembre, cuando el organismo regulador tomó el control de la entidad bancaria debido a graves problemas de solvencia.
El impacto institucional fue inmediato y severo. Apenas dos días después de la intervención, el presidente Santiago Peña presentó su renuncia al cargo. Sin embargo, el Senado no ha aceptado dicha dimisión, manteniendo la presión sobre el mandatario mientras se impulsa un juicio político en su contra relacionado con el caso del banco. Mientras tanto, la tensión social se ha manifestado en las calles, donde ciudadanos han salido a protestar contra el Gobierno y la gestión de la entidad financiera el 4 de noviembre de 2026.
En el ámbito deportivo, la crisis ha tenido un eco considerable. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), cuya sede se encuentra en Luque, cerca de Asunción, se ha visto involucrada al mantener fondos en la institución intervenida. Específicamente, el organismo rector del fútbol sudamericano posee un certificado de depósito de ahorro a plazo fijo por un valor de 13 millones de dólares. A pesar de la cifra, fuentes consultadas por la AFP indicaron que este monto representa solo el 2,3% de los ingresos totales de Conmebol en 2025, asegurando que la operatividad del organismo no se ha visto afectada en absoluto.
Ueno Bank también desempeñaba un papel clave como patrocinador de la Copa Sudamericana desde mediados de 2024. No obstante, se ha confirmado que el contrato de patrocinio vence en diciembre y no será renovado. Esta decisión no parece comprometer el desarrollo del torneo ni el desenlace de la final, que enfrentará a Boca Juniors y Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre en Barranquilla.
Sin embargo, el panorama es mucho más crítico para el fútbol local paraguayo. Ueno Bank había implementado una estrategia de marketing agresiva, impregnando su marca en gran parte del ecosistema futbolístico del país. La entidad se convirtió en el auspiciante principal de algunos de los clubes más influyentes de la primera división, incluyendo a Olimpia, Cerro Porteño, Guaraní, Sportivo Luqueño y Rubio Ñu. La presencia de la marca alcanzó niveles tales que incluso se incorporó a los nombres de estadios emblemáticos como el Defensores del Chaco, propiedad de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), y La Nueva Olla, perteneciente al Club Cerro Porteño.
La preocupación se ha trasladado a los protagonistas del campo de juego. Rogelio Delgado, presidente de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), advirtió que un gran porcentaje de los jugadores de la liga local manejaban sus recursos en Ueno Bank y actualmente se encuentran imposibilitados de acceder a sus fondos. Por su parte, Rodrigo Codas, representante de jugadores, reveló que al menos diez futbolistas de la selección nacional son clientes del banco y manifiestan una profunda preocupación por sus ahorros, los cuales, en conjunto, alcanzan cifras de ocho dígitos en dólares.
La selección nacional, que recientemente logró clasificar al Mundial de 2026 tras 16 años de ausencia, también se ha pronunciado. A través de un comunicado publicado en las redes sociales del capitán Gustavo Gómez, los jugadores expresaron su indignación y dolor, identificándose como víctimas de la situación. En la nota, los futbolistas exigieron que el Gobierno y la justicia actúen de manera inmediata y transparente, enfatizando que no permitirán que las acciones de unos pocos afecten la reputación de todo el país.
El ascenso de Ueno Bank fue meteórico; tras obtener su licencia de operaciones a finales de 2023, se posicionó rápidamente como el patrocinador dominante del deporte. Esto incluyó un contrato de 12 millones de dólares por cuatro años con la APF para patrocinar a la selección "Albirroja", acuerdo que estaba previsto finalizar en este 2026. Ahora, el colapso de la entidad deja un vacío financiero y una incertidumbre jurídica que afecta a miles de personas en una nación de seis millones de habitantes.
