El Senado de Paraguay ha intensificado la presión política sobre el jefe de Estado, Santiago Peña, al convocarlo este viernes a comparecer de manera inmediata ante el pleno. Esta decisión se produce en el marco de un juicio político que busca determinar la responsabilidad del mandatario en relación con la crisis financiera derivada de la intervención de Ueno Bank, una entidad bancaria con la cual el presidente ha mantenido vínculos.
La situación alcanzó un punto crítico cuando el cuerpo legislativo rechazó una solicitud de prórroga de 72 horas que había sido presentada por el presidente Peña. El mandatario argumentaba que el tiempo otorgado inicialmente por el Congreso no era suficiente para preparar una defensa adecuada, señalando que el plazo de 12 horas vulneraba el principio del debido proceso.
El rechazo a la solicitud de extensión fue contundente. Mediante una votación en la que se registraron 3 votos a favor y 42 en contra, el Senado —el cual es controlado actualmente por el oficialismo— negó la prórroga y exigió que el jefe de Estado se presentara ante el pleno en un lapso máximo de 30 minutos. Tras esta determinación, la sesión entró en un receso temporal mientras se aguardaba la llegada del presidente para que iniciara su defensa.
Ante la celeridad del proceso, Santiago Peña utilizó la red social X para expresar su postura y difundir una carta dirigida al presidente del Senado, el legislador oficialista Basilio Núñez. En sus declaraciones, el mandatario aseguró que expondrá su verdad ante la ciudadanía, reconociendo que dicha revelación podría resultar incómoda para diversos actores políticos. Peña enfatizó que no rehuirá su compromiso con la población, especialmente en momentos de dificultad, reafirmando su intención de enfrentar el proceso.
El trasfondo de esta crisis política se remonta a las acciones tomadas por el Banco Central del Paraguay (BCP), entidad que ordenó un proceso de resolución o cierre de Ueno Bank. Esta institución financiera se encuentra en el centro de la controversia debido a que, durante la gestión de Peña, recibió recursos millonarios provenientes de entidades públicas.
La intervención del BCP se fundamentó en el hallazgo de que el índice de solvencia de Ueno Bank había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido por la normativa vigente. Según el reporte del regulador, esta situación fue consecuencia de ajustes realizados a los estados financieros del banco durante un proceso de regularización. La gravedad del caso es mayor considerando que la entidad controlaba los recursos de más de 2,9 millones de clientes.
En el plano político, la inestabilidad ha llevado al presidente Peña a presentar su renuncia la víspera, en medio de los debates llevados a cabo por los diputados para formalizar el inicio del juicio político. Sin embargo, el Congreso no aceptó dicha renuncia, razón por la cual el mandatario permanece formalmente en el ejercicio de la Presidencia de la República.
La resolución de este juicio político tiene implicaciones legales y constitucionales profundas para el futuro de Santiago Peña. El artículo 189 de la Constitución de Paraguay estipula que los expresidentes que hayan sido electos democráticamente adquieren la condición de senadores vitalicios. No obstante, esta prerrogativa tiene una excepción clara: no se aplica si el mandatario hubiese sido sometido a un juicio político y hallado culpable.
La relevancia de este punto radica en que un senador vitalicio goza de fueros especiales, lo que significa que no puede ser sometido a un proceso penal sin el aval previo del Senado. Por lo tanto, el desenlace del juicio político actual no solo definirá la continuidad o el cierre de la gestión de Peña, sino que también determinará si podrá acceder a estas protecciones legales en el futuro o si quedará expuesto a eventuales acciones penales.
