El colapso de Ueno Bank, una de las entidades financieras digitales más prominentes de Paraguay, ha desencadenado una crisis financiera y política de gran magnitud que ha culminado con la renuncia del presidente Santiago Peña. La caída de la institución, marcada por la insolvencia y presuntas irregularidades, ha dejado a millones de ciudadanos sin acceso a sus ahorros y ha puesto al descubierto vínculos cuestionables entre el Poder Ejecutivo y el sector bancario.
La crisis se precipitó cuando el directorio del Banco Central de Paraguay decidió, por votación unánime el pasado lunes, someter a Ueno Bank a un proceso de resolución. Esta medida fue la respuesta directa a la insolvencia financiera de la entidad, cuyo ratio de solvencia —la métrica que compara el capital con los activos ponderados por riesgo— cayó por debajo de la mitad del mínimo legal exigido. Como consecuencia de esta intervención, la gestión del banco fue delegada a funcionarios encargados de evaluar las finanzas y proteger los activos restantes.
El impacto social ha sido inmediato y severo. Cerca de 3 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 60% de la población adulta de Paraguay, se han visto imposibilitadas de acceder a sus ahorros a través de la aplicación del banco. Además, Ueno Bank gestionaba fondos públicos estimados entre 800 y 850 millones de dólares, de los cuales unos 380 millones correspondían al fondo estatal de pensiones y salud.
La dimensión financiera se trasladó rápidamente al terreno político debido a los vínculos personales y comerciales del presidente Santiago Peña con el Grupo Vázquez, conglomerado propietario de Ueno Bank. Peña se mantuvo como socio comercial de dicho grupo hasta marzo de 2025, fecha en la que vendió sus acciones. Esta relación motivó que la Cámara de Diputados impulsara un juicio político contra el mandatario, acusándolo de "conflicto de intereses" y "mal desempeño de sus funciones". A pesar de que Peña minimizó inicialmente las preocupaciones sobre las finanzas del banco y acusó a los medios de sembrar el miedo, la presión aumentó cuando se reveló que organismos gubernamentales y fondos estatales habían inyectado capital en la entidad.
Otro punto crítico fue el nombramiento de Carlos Carvallo Spalding, quien fue presidente de Ueno antes de ser designado por Peña al frente del Banco Central de Paraguay en septiembre de 2023. Carvallo renunció a su cargo el pasado martes en medio de la crisis, mientras que el Banco Central había advertido previamente, en junio, que Ueno estaba otorgando demasiados préstamos a empresas vinculadas a sus propios dueños, operaçãoes que están estrictamente limitadas para evitar el uso de ahorros de clientes en negocios personales.
La respuesta social no se hizo esperar. Desde el martes, depositantes se movilizaron frente a sucursales cerradas y en el Panteón Nacional de los Héroes en Asunción. Las manifestaciones fueron reprimidas por la policía con el uso de gases lacrimógenos y cañones de agua. En un intento por mitigar el malestar, Peña promulgó una ley de urgencia para agilizar la devolución de fondos, permitiendo que los clientes reciban hasta 40 salarios mínimos mensuales (unos 20.000 dólares) en un plazo de 24 horas.
En el ámbito judicial, el Ministerio Público Fiscal ha procesado a 27 personas. Diez ejecutivos, incluidos el presidente Juan Manuel Gustale y el director ejecutivo Federico Miguel Vázquez Villasanti, fueron detenidos y posteriormente puestos en prisión preventiva por cargos de lesión de confianza, tentativa de estafa y conducta indebida en situación de crisis.
Acorralado por el proceso de juicio político y la presión social, Santiago Peña presentó su renuncia a la presidencia este jueves 5 de noviembre a través de un video en la red social X. En su mensaje, el mandatario afirmó que tomó la decisión pensando en la estabilidad del país y la paz social. No obstante, legisladores de la oposición han solicitado que el Congreso no acepte la dimisión y proceda con la destitución legislativa, argumentando que la renuncia podría otorgarle fueros de senador vitalicio y protegerlo de procesos en la justicia ordinaria.
Este escándalo ha afectado la imagen de Paraguay como destino de inversión extranjera, basada en impuestos bajos y regulación laxa. El colapso ha reavivado las dudas sobre la solidez de sus instituciones, especialmente considerando que el país ocupó el puesto 150 de 182 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional. Por su parte, JPMorgan señaló que la estabilidad del sistema financiero dependerá de la rapidez y transparencia de la respuesta de las autoridades.
