El Senado de Paraguay aprobó este viernes la destitución del presidente Santiago Peña mediante un juicio político, fundamentado en un presunto “grave y sistemático mal desempeño de sus funciones”. La decisión fue tomada con una mayoría abrumadora de 44 votos a favor, de un total de 45 senadores, lo que resultó en la pérdida inmediata de su cargo y el retiro de sus fueros, eliminando la inmunidad que lo protegía frente a acciones judiciales.
La crisis que precipitó la caída del mandatario se originó tras la intervención del Ueno Bank, una institución financiera privada que sufrió un colapso de solvencia. El Banco Central de Paraguay (BCP) ordenó el cierre o resolución de la entidad al detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, debido a ajustes en sus estados financieros durante un proceso de regularización. Esta situación dejó a aproximadamente 2,9 millones de clientes —casi la mitad de la población del país— sin acceso a sus ahorros, desatando una ola de indignación y protestas ciudadanas.
La vinculación de Santiago Peña con el banco fue el punto central de la acusación. El mandatario fue accionista del Grupo Vázquez, principal propietario de Ueno Bank, hasta marzo de 2025, momento en que vendió su participación. Además, se cuestionó que durante su gestión la entidad recibió millonarios recursos de organismos públicos, destacando la inversión del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de administrar las pensiones de la mayoría de los trabajadores paraguayos.
Tras la destitución, la Fiscalía de Paraguay, a través del fiscal Christian Benítez, informó que Santiago Peña ha quedado bajo arresto domiciliario. La medida fue ordenada por el presunto delito de lesión de confianza y otros cargos relacionados con la crisis financiera. El exmandatario permanecerá en su domicilio hasta que un juez penal de garantías determine su situación procesal. Asimismo, la Fiscalía ordenó el arresto de Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central, quien también es señalado como presunto responsable de lesión de confianza.
El proceso hacia la destitución estuvo marcado por tensiones legislativas. El jueves, Peña presentó su renuncia con el objetivo de evitar más inestabilidad y facilitar la devolución de los ahorros a los clientes. Sin embargo, la Cámara de Diputados no alcanzó el quórum necesario para votar la dimisión, lo que permitió que el proceso de juicio político avanzara hacia el Senado. Abogados del exmandatario argumentaron que el juicio era nulo debido a la renuncia previa, pero los legisladores rechazaron incluso una solicitud de prórroga de 72 horas para preparar la defensa, obligando a sus letrados a comparecer sin la presencia del mandatario.
Tras la vacancia del cargo, Pedro Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente, asumió la presidencia del país para completar el mandato que finaliza en 2028. En su primer mensaje oficial tras jurar ante el Congreso, Alliana ordenó "acciones inmediatas" para resarcir a los ahorristas afectados por el descalabro financiero, priorizando a los sectores menos favorecidos. Alliana enfatizó que no permitirá "tibieza" en esta misión y exigió resultados concretos para devolver la tranquilidad a la ciudadanía.
El impacto de la crisis se ha extendido más allá de las instituciones políticas. A nivel financiero, el guaraní ha mostrado inestabilidad, perdiendo 500 puntos frente al euro en cinco días. En el ámbito gubernamental, se produjeron renuncias clave: el jefe del Gabinete Civil, Javier Giménez; el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno; y el ministro del Interior, Enrique Riera, abandonaron sus cargos.
La comunidad internacional ha reaccionado ante los hechos. La Embajada de Estados Unidos en Asunción pidió mantener la paz y respetar las instituciones democráticas. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló la importancia de la separación entre el poder político y el económico, comentando que, según la información disponible, los vínculos del exmandatario con la entidad bancaria motivaron su salida.
Mientras tanto, la conmoción alcanza a la diáspora paraguaya, especialmente en España, donde miles de migrantes han expresado su impotencia y desconfianza ante la pérdida de ahorros y la incertidumbre económica que atraviesa su país de origen.
