El panorama político y financiero de Paraguay ha sufrido una sacudida profunda tras el anuncio del cierre de Ueno bank y la posterior renuncia del presidente Santiago Peña. El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el pasado martes un proceso de resolución o cierre de esta entidad bancaria privada, luego de que se detectara una caída crítica en sus indicadores financieros. Según los informes técnicos del organismo regulador, el índice de solvencia de la institución había descendido por debajo del 50 % del mínimo exigido por la normativa vigente, lo que obligó a la intervención inmediata para evitar un riesgo mayor en el sistema.
El impacto de esta medida es masivo, considerando que Ueno bank contaba con una cartera de 2,9 millones de clientes en un país que tiene una población total de aproximadamente 6,1 millones de habitantes. La crisis no solo afecta a los ahorristas individuales, sino que ha desencadenado una tormenta política debido a los vínculos entre la entidad y la gestión del mandatario saliente. Durante el gobierno de Santiago Peña, Ueno bank recibió millonarios recursos provenientes de diversas entidades públicas, lo que ha puesto el foco sobre la gestión de los fondos estatales.
Entre las instituciones oficiales que transfirieron recursos a la entidad privada destaca el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de manejar las pensiones de la gran mayoría de los trabajadores del país. Esta revelación ha provocado que la ciudadanía perciba la caída del banco no solo como un fallo financiero, sino como un posible acto de negligencia o corrupción en el manejo de los ahorros previsionales de la población.
La presión social y política alcanzó su punto máximo este jueves, cuando decenas de manifestantes se concentraron frente a la sede del Congreso en Asunción. Los ciudadanos exigieron que el Poder Legislativo complete el proceso de juicio político contra Santiago Peña. La demanda central es que el mandatario sea destituido formalmente para que pierda sus fueros y pueda responder ante la Justicia ordinaria por los hechos vinculados a la caída de Ueno bank.
En el ámbito legislativo, la Cámara de Diputados llevó a cabo una sesión extraordinaria en la que aprobó por unanimidad el juicio político contra Peña. Horas antes de esta votación, el mandatario había presentado su renuncia a la Presidencia de la República. No obstante, el expediente ha sido remitido al Senado, donde se decidirá la continuidad y el resultado del proceso de destitución.
Este punto legal es crucial debido a lo establecido en el artículo 189 de la Constitución de Paraguay. Según este precepto, los expresidentes electos democráticamente adquieren la condición de senadores vitalicios. Esta posición conlleva el goce de fueros, lo que significa que un senador vitalicio no puede ser sometido a un proceso penal sin que el Senado otorgue previamente su aval. La única excepción a esta regla es que el presidente haya sido sometido a un juicio político y hallado culpable antes de dejar el cargo.
Por esta razón, sectores de la sociedad civil se oponen a que la renuncia de Peña sea aceptada de manera simple. María Stela Invernizzi, activista presente en las manifestaciones, señaló que si se acepta la renuncia sin concluir el juicio, el exmandatario quedaría "blindado" bajo la figura de senador vitalicio. Invernizzi instó al Senado a completar el proceso de destitución para asegurar que Peña y su entorno paguen ante la Justicia por lo que calificó como un hecho grave.
A la indignación política se suma la angustia económica de los ciudadanos. Cristian Domínguez, uno de los manifestantes, expresó su frustración por la disolución de la entidad y señaló directamente a Santiago Peña como el responsable de la crisis. Domínguez no solo exigió que el exmandatario sea encarcelado, sino que también reclamó la recuperación inmediata de los recursos públicos invertidos en Ueno bank y la liberación de los depósitos de los ahorristas que actualmente permanecen congelados.
La crisis de Ueno bank representa uno de los desafíos más severos para la estabilidad institucional de Paraguay, uniendo en un solo hilo la insolvencia bancaria, la gestión de fondos públicos y la caída de la máxima autoridad del país. El destino legal de Santiago Peña y la recuperación de los fondos públicos ahora dependen de la resolución final que tome el Senado sobre el juicio político.
