La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) ha emitido un pronunciamiento contundente este jueves 5 de noviembre, en el cual exige la renuncia inmediata del presidente de la República, Santiago Peña. Esta solicitud formal surge como respuesta a la gravedad de los hechos y a los diversos cuestionamientos que vinculan directamente al jefe de Estado con la actual crisis que atraviesa la entidad Ueno Bank.
Además de la solicitud de dimisión, la organización empresarial ha reclamado que el mandatario se ponga a disposición de la Justicia. El objetivo es que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y profundas que permitan determinar las responsabilidades legales correspondientes sobre los sucesos reportados, asegurando que el proceso se realice con total transparencia.
A través de un comunicado oficial difundido hoy, jueves, la ADEC manifestó que considera la renuncia del presidente como una responsabilidad necesaria y urgente. Según la organización, este paso es fundamental para evitar que el país continúe expuesto a mayores traumas, así como a situaciones de incertidumbre y consecuencias tanto económicas como institucionales que podrían agravar la situación actual de la nación.
Los cuestionamientos que pesan sobre Santiago Peña, según detalla la ADEC, son variados y de naturaleza grave. Entre los puntos señalados se encuentran presuntos conflictos de intereses y una posible manipulación regulatoria. Asimismo, la asociación menciona la utilización de fondos jubilatorios provenientes del Instituto de Previsión Social (IPS), la realización de operaciones crediticias y la existencia de posibles beneficios patrimoniales indebidos que habrían favorecido al mandatario o a su círculo.
La organización advierte que estos hechos no deben ser vistos como incidentes aislados, sino que comprometen seriamente la confianza en las instituciones públicas del Estado. De acuerdo con el documento, existe una profunda preocupación por la estabilidad económica y financiera del Paraguay, dado que la integridad del sistema financiero es vital para la tranquilidad de los ciudadanos y los inversores.
En cuanto al proceso judicial, la ADEC sostiene que el presidente debe someterse a la ley sin excepciones ni privilegios. No obstante, la organización recalca que la investigación no debe limitarse únicamente a las personas o entidades que estén directamente vinculadas al caso. El pedido es que la indagatoria alcance a todos los actores y organismos públicos que pudieron haber intervenido, facilitado o encubierto las operaciones que hoy son cuestionadas por la sociedad y el sector empresarial.
El reclamo de la ADEC se extiende específicamente hacia las eventuales modificaciones normativas y las decisiones regulatorias que, según la visión de la asociación, pudieron haber sido diseñadas o ejecutadas para favorecer intereses particulares sobre el bienestar general. El comunicado es enfático al señalar que el país necesita conocer la verdad absoluta y garantizar que quienes resulten responsables respondan ante la ley según lo establecido.
La Asociación de Empresarios Cristianos reconoció abiertamente que solicitar la renuncia del mandatario no ha sido una decisión sencilla. Sin embargo, subrayó que la gravedad de la situación actual y el impacto potencial sobre el país obligan a la organización a plantear este requerimiento con total claridad y firmeza.
Para la ADEC, lo que se encuentra en juego en este momento trasciende el futuro de un gobierno o de una administración específica. El punto central de su preocupación es la credibilidad de las instituciones nacionales, la estabilidad de la economía paraguaya y, en última instancia, la confianza depositada en el Paraguay como estado de derecho.
El pronunciamiento, que lleva la firma de la Junta Directiva de la organización y está fechado el 5 de noviembre de 2026, concluye con una premisa fundamental sobre la ética pública: ninguna autoridad se encuentra por encima de la ley y ningún interés particular puede prevalecer sobre el bien común.
Este escenario de tensión política se produce en medio de otras medidas relacionadas con la crisis del Ueno Bank. Se ha informado que el Banco Central del Paraguay (BCP) habilitará una plataforma de registro y consulta para los ahorristas afectados, descartando el uso de correo físico para este proceso. Simultáneamente, se ha reportado que senadores han anunciado el impulso de una denuncia penal contra el presidente Peña y diversas autoridades del BCP, sumando más presión legal sobre el Ejecutivo.
