En una acción coordinada contra el crimen organizado, las autoridades brasileñas llevaron a cabo este jueves la segunda fase de la denominada Operación Laziosi. Durante la jornada, tres personas fueron detenidas bajo cargos relacionados con un sofisticado esquema de venta de medicamentos oncológicos falsificados y presunto lavado de dinero. El operativo fue liderado por el núcleo de Ribeirão Preto del Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), en colaboración estrecha con el Departamento Estatal de Investigaciones Criminales (Deic) y el Departamento de Policía Judiciaria de São Paulo Interior (Deinter 3).
Los mandados de arresto fueron ejecutados en las ciudades de Araraquara y São Paulo. Las personas detenidas han sido identificadas como Nalva Braz do Nascimento, Petter Gabriel Cavalcante Chagas y Sharlene Chaves Barbosa. Según las líneas de investigación, cada uno cumplía un rol específico dentro de la organización: Nalva es señalada como la persona que ejercía el control de la distribuidora Nacionalfarma, con sede en Araraquara; Petter se encargaba de gestionar las relaciones con el mercado hospitalario; mientras que Sharlene participaba en las operaciones financieras a través de una red de empresas interconectadas.
Además de las detenciones, la Justicia ordenó el cumplimiento de 18 mandados de búsqueda y aprehensión en diversas localidades, incluyendo Araraquara, Matão, Marília, Agudos, Mirassol y la capital paulista. Como medida cautelar para evitar el desvío de fondos, se determinó el bloqueo de bienes y valores de los investigados por un monto que alcanza los 15 millones de reales.
La investigación se originó en 2024, luego de que el laboratorio fabricante de un inmunoterápico de alto costo, utilizado en el tratamiento contra el cáncer, notificara que una unidad falsificada había sido vendida a un hospital de la capital de São Paulo a través de la distribuidora sediada en Araraquara. Los análisis laboratoriales realizados por el fabricante revelaron la ausencia total del principio activo, hecho que fue posteriormente confirmado mediante una pericia oficial.
El material recolectado durante la primera fase de la operación, realizada en noviembre de 2024, permitió a los investigadores descubrir que la distribuidora operaba junto a una red de empresas vinculadas, algunas de las cuales carecían de infraestructura operativa en las direcciones declaradas. Se estima que, únicamente entre enero y noviembre de 2024, la distribuidora emitió notas fiscales de salida del inmunoterápico por un valor superior a 1,5 millones de reales, destinados a compradores en al menos siete estados brasileños.
Uno de los puntos más críticos del caso es el impacto en la salud pública. El inquérito reveló que medicamentos sin principio activo fueron comercializados a diversos hospitales y que, en la ciudad de Araras, una dosis llegó a ser administrada a un paciente. Asimismo, las autoridades informaron que la empresa Nacionalfarma continuó operando incluso después de la primera fase del operativo. En abril de 2025, la distribuidora vendió nueve unidades de otro medicamento oncológico a un hospital del interior de São Paulo, cuya falsificación fue constatada por el laboratorio titular del registro. Se confirmó que una de estas dosis fue administrada a un paciente, mientras que las restantes fueron retiradas por la distribuidora y sustituidas por unidades cuyo lote coincidía con una carga robada en el estado de Minas Gerais.
Hasta el momento de la publicación de esta noticia, ni las defensas de los detenidos ni la empresa Nacionalfarma han emitido declaraciones oficiales. El Gaeco ha indicado que las investigaciones continúan mediante el análisis del material aprehendido y la realización de nuevas diligencias.
En paralelo a estas acciones, la Policía Federal (PF) realizó otra intervención este mismo jueves en Serrana, región de Ribeirão Preto, en el marco de la 13ª fase de la Operación Hórus. Un hombre fue detenido en flagrancia bajo la sospecha de almacenar contenidos de abuso sexual infantojuvenil. La acción incluyó mandados de búsqueda y aprehensión domiciliar y personal, expedidos por la 7ª Vara Federal de Ribeirão Preto.
La investigación de la PF surgió a partir de comunicaciones enviadas por proveedores de internet mediante cooperación internacional. Según el inquérito, entre 2022 y 2025, el sospechoso compartió archivos con escenas de abuso a través de plataformas digitales, utilizando diversos perfiles, cuentas de correo electrónico y mecanismos para ocultar su identidad. Durante los allanamientos, se halló material comprometedor en sus dispositivos electrónicos, lo que derivó en su detención inmediata.
El detenido fue trasladado a la Delegacia de la PF en Ribeirão Preto y permanece a disposición de la Justicia. Los equipos electrónicos incautados serán sometidos a pericia técnica. El sujeto podría enfrentar cargos por almacenamiento y compartición de material de abuso sexual de niños y adolescentes, según lo previsto en el Estatuto de la Niñez y Adolescencia (ECA), con penas máximas de cuatro y seis años de prisión, respectivamente, las cuales podrían sumarse. La Policía Federal advirtió a los padres y tutores sobre la importancia de monitorizar la actividad virtual de sus hijos para prevenir riesgos de abusos sexuales.
