El Gobierno de Japón ha iniciado una serie de gestiones diplomáticas con Francia para abordar las implicaciones de la nueva Ley de Aceleración Industrial propuesta por la Unión Europea. La jefa del Gobierno nipón mantuvo una conversación telefónica de media hora con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el objetivo de analizar el impacto de las normativas industriales que se debaten actualmente en el continente europeo.
Tras la comunicación, Takaichi informó a los medios desde su oficina que la mandataria japonesa solicitó formalmente a la parte francesa que "adopte las medidas pertinentes" para mitigar los efectos de dicha legislación. Asimismo, ambas autoridades acordaron mantener "consultas estrechas sobre esta cuestión" a nivel bilateral, estableciendo un canal de comunicación directo para seguir el progreso de las normativas europeas.
El núcleo de la preocupación japonesa reside en la Ley de Aceleración Industrial, una propuesta presentada por la Comisión Europea en marzo. El pilar central de esta legislación es la introducción de requisitos mínimos de fabricación obligatorios para aquellas empresas que deseen acceder a licitaciones, subastas y diversas formas de ayudas públicas, tales como subsidios o incentivos fiscales.
De acuerdo con el texto de la ley, estas exigencias de fabricación se aplicarían estrictamente en tres sectores considerados estratégicos para el futuro económico y sostenible del continente: las industrias de alto consumo energético, las tecnologías limpias y, de manera muy destacada, los vehículos eléctricos.
En lo que respecta específicamente al sector de los vehículos eléctricos, la propuesta legislativa es sumamente rigurosa. Para que un vehículo eléctrico sea elegible para recibir ayudas públicas, la norma exige que el automóvil haya sido ensamblado dentro de la Unión Europea. Además, se requiere que el vehículo cuente con una batería europea, la cual debe integrar al menos tres componentes producidos en la región. No obstante, la restricción no termina ahí, ya que el resto de los componentes del vehículo debe tener un origen doméstico de, al menos, un 70 %.
Ante este escenario, Toyota, que se posiciona como el mayor fabricante automovilístico del mundo por volumen de ventas, ha intervenido activamente instando a los legisladores europeos a reconsiderar el enfoque de su estrategia industrial. La compañía japonesa ha solicitado formalmente que se transforme la actual visión de "hecho en Europa" por una perspectiva de "hecho con Europa".
La propuesta de Toyota sugiere que la Unión Europea reconozca la existencia de un grupo limitado de "socios de confianza". Según el fabricante, estos socios deberían ser aquellos con los que exista una plena reciprocidad en materia comercial e industrial, mencionando explícitamente a Japón, el Reino Unido y Turquía como ejemplos de aliados que podrían integrarse en este esquema de colaboración.
A pesar de las advertencias, Toyota ha dejado claro que apoya la "ambición" de la ley propuesta por la Comisión Europea en marzo, reconociendo la necesidad de reforzar la base industrial del continente europeo para asegurar su estabilidad y crecimiento. Sin embargo, la empresa advirtió que el proteccionismo excesivo podría ser contraproducente.
En sus declaraciones, el fabricante japonés subrayó que, sin el apoyo y la integración de sus socios estratégicos, Europa no podrá alcanzar la escala industrial suficiente para competir de manera efectiva a nivel global. La empresa sostiene que la colaboración internacional es fundamental para lograr la competitividad necesaria frente a otros mercados globales, sugiriendo que el aislamiento productivo podría limitar la capacidad de la UE para alcanzar sus objetivos industriales.
