El Tribunal Superior de Hong Kong ha dictado una sentencia que extiende significativamente la permanencia en prisión del activista Joshua Wong, de 30 años, tras recibir su segunda condena bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en el año 2020. El fallo judicial se produce después de que el activista se declarara culpable en septiembre pasado de una acusación relacionada con sus llamamientos dirigidos a países extranjeros para que implementaran sanciones y otras medidas restrictivas contra Hong Kong o China.
Según el criterio del Tribunal Superior de Hong Kong, el delito cometido por Wong revestía una gravedad suficiente como para imponer una pena de al menos diez años de cárcel. La justicia estimó que el activista, junto con otros compañeros, había utilizado sus contactos en el ámbito internacional con el objetivo de promover la intervención extranjera en los asuntos internos del territorio y del Estado chino.
Esta nueva sentencia modifica drásticamente el horizonte de libertad de Wong. Originalmente, el activista estaba previsto que completara en enero de 2027 una condena anterior de cuatro años y ocho meses, la cual había sido impuesta por conspiración para subvertir el poder estatal en el marco del proceso judicial conocido como el caso de los '47 de Hong Kong'. Sin embargo, con la adición de esta nueva pena, Wong permanecerá encarcelado, en principio, hasta finales del año 2036.
Desde Pekín, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, salió en defensa del fallo judicial. Guo aseguró que Joshua Wong había cometido un delito grave contra la seguridad nacional y argumentó que, ante la abundancia de pruebas presentadas, el acusado había optado por declararse culpable. El portavoz enfatizó que Hong Kong es una sociedad regida por el Estado de derecho y aprovechó la intervención para pedir a las partes implicadas que cesaran sus "declaraciones irresponsables" sobre los procedimientos judiciales de la ciudad, instándolas a dejar de interferir en los asuntos internos de China.
Esta respuesta oficial de China se produjo como reacción a las expresiones de preocupación manifestadas por políticos de Estados Unidos y de otras naciones occidentales respecto a los procesos judiciales que pesan sobre Wong.
En el plano internacional, el Gobierno de Taiwán ha expresado su "enérgica condena" ante el fallo, denunciando lo que ha calificado como una "persecución política interminable" contra los activistas prodemocracia de Hong Kong. El Consejo de Asuntos Continentales taiwanés fue más allá y acusó directamente al Partido Comunista de China (PCCh) y al Ejecutivo de Hong Kong de utilizar la legislación de seguridad nacional como un mecanismo para reprimir las aspiraciones democráticas de la población, reclamando la liberación inmediata de todas las personas encarceladas por motivos políticos.
Por su parte, las organizaciones defensoras de los derechos humanos han calificado la sentencia de "cruel". Amnistía Internacional sostuvo que la Ley de Seguridad Nacional se ha transformado en una herramienta diseñada para castigar la disidencia política en lugar de proteger la seguridad real. Sarah Brooks, subdirectora regional de la organización, declaró que la valentía de Joshua Wong al decir la verdad al poder debería ser elogiada, lamentando que, en el contexto actual de Hong Kong, dicha actitud lo convierta en un criminal. Brooks solicitó formalmente la anulación de las condenas del activista.
En la misma línea, Human Rights Watch (HRW) tachó la sentencia de "cruel e injusta" y exigió la liberación "inmediata e incondicional" de Wong. La organización instó además a que los gobiernos extranjeros consideren la aplicación de sanciones selectivas contra los funcionarios responsables de llevar a cabo la represión en el territorio.
La trayectoria de Joshua Wong lo llevó a la escena internacional cuando tenía apenas 17 años, durante la denominada 'Revolución de los Paraguas' de 2014, periodo en el que miles de ciudadanos de Hong Kong ocuparon las calles para exigir la celebración de elecciones libres. Posteriormente, Wong cofundó el partido Demosisto, formación que fue disuelta en junio de 2020 tras la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional. El activista permanece encarcelado desde noviembre de ese mismo año.
Mientras que las autoridades chinas y hongkoneses sostienen que la legislación de 2020 ha logrado devolver la estabilidad a la ciudad tras las protestas antigubernamentales de 2019, diversos gobiernos extranjeros y organizaciones de derechos humanos denuncian que el impacto de dicha ley ha sido devastador para las libertades políticas y civiles de la región.
