¿Está Israel enfrentando una crisis constitucional? Tras perder la mayoría en el parlamento, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha comenzado a impugnar los resultados de las elecciones del 27 de octubre.
Los datos oficiales son claros: el bloque de Netanyahu cayó de 68 a 53 escaños. Por el contrario, la oposición, liderada por Gadi Eisenkot, alcanzó los 67 escaños, gracias en parte a una participación histórica de los partidos árabes, que obtuvieron 19 curules.
Ante este escenario, Netanyahu y su partido, el Likud, denuncian que la votación fue "robada" mediante sobornos y financiación extranjera, aunque no han presentado pruebas. La tensión aumentó cuando David Zini, jefe del Shin Bet y aliado de Netanyahu, presionó para investigar a líderes de los partidos árabes.
Sin embargo, la fiscal general, Gali Baharav-Miara, se negó a autorizar dichas investigaciones sin fundamentos probatorios. Incluso, la fiscalía denunció que Zini impidió que el Shin Bet entregara pruebas pertinentes a su oficina o a la policía.
Mientras la Comisión Electoral Central rechazó las acusaciones de fraude generalizado, sí solicitó investigar sospechas de fondos extranjeros. No obstante, aclaró que, incluso si se confirmaran, esto no anularía el resultado electoral.
La oposición, incluyendo a Yair Lapid y Yair Golan, califica estas acciones como un intento de "aplastar la democracia" y convertir al servicio de seguridad en una herramienta política. Para los partidos árabes, se trata de una estrategia para deslegitimar sus votos y evitar que Netanyahu sea reemplazado.
El desenlace dependerá de si el primer ministro logra convencer a la derecha de que el apoyo a los partidos árabes es ilegítimo, o si sus tácticas terminan uniendo más a una oposición dividida.
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