El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, ha establecido un plazo menor a un mes para que el Concejo Municipal de Alajuela retire un proceso judicial que impide la apertura de un relleno sanitario en el distrito de Turrúcares. El proyecto, promovido por la empresa canadiense EBI, se ha convertido en el centro de una intensa disputa legal y política que ahora incluye una oferta económica millonaria condicionada a la viabilidad de la obra.
Durante un conversatorio organizado por la Casa Presidencial el pasado miércoles, el ministro defendió la implementación del denominado Parque de Tecnología Ambiental (PTA) en el sector de Bajo Pita, San Miguel de Turrúcares. Chaves informó a los residentes de la zona que, en caso de aceptar el funcionamiento del relleno, la comunidad recibiría una inversión cercana a los ¢6.000 millones. Sin embargo, esta oferta está sujeta a una condición infranqueable: el Concejo Municipal de Alajuela debe eliminar, a más tardar el próximo 2 de diciembre, el proceso de lesividad que busca revertir los permisos otorgados previamente para la apertura del centro de disposición de desechos.
La urgencia del plazo impuesto por el ministro responde a una situación financiera y legal crítica. Según se reportó a través del Semanario Universidad, la empresa canadiense EBI ha interpuesto un arbitraje internacional contra el Estado costarricense ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). El motivo es la búsqueda de la Municipalidad de Alajuela de evitar la construcción del relleno. De acuerdo con las cifras proporcionadas por Chaves, la empresa EBI solicita una indemnización de 154 millones de dólares (aproximadamente ¢70.000 millones), mientras que los costos para costear la defensa legal del Estado ascienden a 4 millones de dólares (unos ¢2.000 millones).
Para incentivar la aceptación del proyecto, el ministro detalló una serie de obras de infraestructura que se ejecutarían en la zona. Entre las promesas destacan la construcción de centros de cuido para niños y adultos, la mejora de las rutas nacionales 136 y 721, la edificación de dos puentes y la creación de un colegio técnico profesional. Asimismo, Chaves mencionó la posibilidad de desarrollar espacios deportivos y comunitarios, dejando abierta la puerta a la inclusión de otras obras adicionales.
El conflicto legal tiene raíces profundas. Según registros de La Nación, en el año 2011 se otorgaron cuatro usos de suelo a la empresa EBI. No obstante, en 2016 se inició un proceso de lesividad basado en el plan regulador para revocar dichos permisos, proceso que se reiteró a inicios de 2024. Al respecto, el regidor Bernald Soto, del partido Aquí Costa Rica Manda, aclaró que el municipio ha presentado tres procesos de lesividad; el primero fue fallado en contra del ayuntamiento, mientras que el segundo y el tercero fueron unificados y se encuentran actualmente bajo estudio.
La tensión alcanzó su punto máximo durante la sesión vecinal cuando el presidente municipal de Alajuela, Jorge Arturo Campos, consultó a los asistentes si estaban de acuerdo con el relleno, recibiendo una respuesta negativa generalizada. Ante esto, Chaves terminó la sesión, rechazando que la decisión se someta al público presente y reiterando que la responsabilidad recae exclusivamente en el Concejo Municipal. El ministro advirtió que, si el proyecto no se habilita en un periodo de un año o año y medio, el cantón central de Alajuela "va a estar nadando en basura".
El encuentro estuvo marcado por fuertes roces políticos. El ministro señaló reiteradamente a la regidora Patricia Guillén, del partido Despertar Alajuelense, tachándola de "comunista" y sugiriendo vínculos con el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA). Guillén respondió a los ataques mediante una pancarta que rezaba: “Turrúcares no se vende. No al basurero”.
Finalmente, el ministro enfatizó que su oferta expira el 2 de diciembre, fecha en la que el Ministerio de Hacienda debería desembolsar los ¢2.000 millones para la defensa del litigio internacional. Chaves calificó el proceso judicial municipal como producto de "chorizo" o "estupidez", asegurando que, en el momento en que el dinero para la defensa sea girado, la oferta de inversión para la comunidad será retirada de la mesa.
En el contexto nacional, el ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, señaló que Costa Rica cuenta con siete rellenos sanitarios, aunque dos de ellos, ubicados en Aserrí y La Carpio —ambos operados por la empresa EBI—, se encuentran actualmente en proceso de cierre técnico. La empresa también opera un tercer relleno en la provincia de Limón.
