El gobierno de Abelardo de la Espriella ha dado un giro radical a la política de seguridad y paz en el país, marcando el cierre definitivo de la estrategia denominada "paz total" impulsada por el expresidente Gustavo Petro. Tras una sesión acelerada en el Congreso, se aprobó una ley de sometimiento que redefine las reglas del juego para los grupos criminales, eliminando cualquier posibilidad de negociación política o reconocimiento político para estas organizaciones.
La normativa, que fue discutida y aprobada el pasado 3 de noviembre bajo una presión temporal considerable, regirá durante los próximos cuatro años. La urgencia de su trámite respondió a la necesidad de modificar, adicionar y prorrogar la Ley 418 de 1997, la cual establece la política de orden público y cuyo plazo de vigencia vencía el 4 de noviembre. El proyecto, radicado el 13 de octubre, obtuvo el respaldo de la Cámara de Representantes con 95 votos a favor y del Senado con 57 votos a favor.
En esencia, la nueva ley se compone de 30 artículos que apuestan por un modelo de sometimiento donde las organizaciones criminales pueden obtener garantías judiciales, pero sin que ello implique una mesa de negociación. El mensaje del Ejecutivo es tajante: quienes decidan no someterse serán el blanco de la "ofensiva total", la estrategia de seguridad liderada por el gobierno de De la Espriella.
Entre los cambios más significativos del texto aprobado se encuentra la modificación de las penas para los denominados “Actores Armados Ilegales o Terroristas”. En casos de delitos como el lavado de activos, el tiempo de privación efectiva de la libertad necesario para acceder a los beneficios judiciales aumentó de uno a seis años. Asimismo, la ley establece que aquellos miembros de grupos criminales que ya se encuentren en prisión podrán acogerse a la justicia, exceptuando a quienes hayan sido condenados por el reclutamiento de menores, quienes quedan totalmente descartados de los beneficios.
En el ámbito financiero, la ley elimina la capacidad del Gobierno Nacional para utilizar recursos de gastos reservados provenientes del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Adicionalmente, se determinó que ni los departamentos ni los municipios deberán asumir los costos económicos derivados de los procesos de sometimiento.
Para que un grupo armado ilegal acceda a esta ley, no basta con la simple manifestación de voluntad. El proceso exige la suscripción de actas colectivas e individuales con la identificación plena de todos sus integrantes. Además, se impone la obligación de liberar a personas secuestradas, víctimas de trata y niños reclutados, así como suministrar información exhaustiva sobre personas desaparecidas para facilitar la localización de sus restos.
Los grupos también deberán cesar toda actividad ilícita, incluyendo la explotación minera, y entregar la maquinaria, insumos y bienes utilizados para tales fines. El desmantelamiento de la estructura es un requisito sine qua non, lo que implica entregar información sobre rutas, fuentes de financiación, bienes y áreas de influencia, sumado a la entrega total de su armamento. Una vez iniciado el proceso, los sometidos deberán presentar relatos veraces y detallados, reconocer su responsabilidad, realizar trabajos restaurativos (como desminado y erradicación de cultivos) y contribuir a la reparación de las víctimas. El incumplimiento de cualquier requisito o la comisión de nuevos delitos provocará la revocación inmediata de los beneficios.
En cuanto a los incentivos, la ley contempla una rebaja del 50 % de la pena, sujeta a los aportes de verdad y la reparación. Para quienes recluten menores después de la vigencia de esta ley, las rebajas serán limitadas: hasta el 10 % para mandos y hasta el 30 % para el resto de integrantes. La libertad condicional se podrá solicitar a partir de las 4/5 partes de la pena, reduciéndose a 2/5 si se entrega información adicional sobre desaparecidos y economías ilícitas. Para quienes no ejerzan roles de mando y se presenten en los primeros 180 días, podría existir la suspensión de la ejecución de la pena desde la sentencia.
Sin embargo, expertos han cuestionado la viabilidad de esta estrategia. María Camila Moreno Múnera, directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), señaló que la ley carece de equilibrio y gradualidad, calificando las condiciones iniciales como "excesivas" y poco realistas. Por su parte, Kyle Johnson, de Conflict Responses, advirtió que basar la estrategia en la presión militar pura podría ser un "error de cálculo político", ya que la experiencia previa sugiere que el golpe militar por sí solo no es efectivo sin un marco flexible. El riesgo, según los analistas, es que solo se sometan frentes menores, mientras que las estructuras principales opten por continuar la guerra contra el Estado.
