Una denuncia recibida a través de la Línea 145 permitió desarticular una red de explotación laboral en un establecimiento rural de Pilar. Tres ciudadanos de origen chino y taiwanés fueron procesados con prisión preventiva por el delito de trata de personas.
El juez Adrián González Charvay dictó la medida contra Lin Jike, dueño del campo; Chen Lung Sen, señalado como reclutador; y Chen Lin Qin, encargado del predio. La investigación reveló que cuatro hombres oriundos de Santa Fe fueron captados mediante ofertas laborales engañosas. Se les prometió un pago diario de 25 mil pesos, pero al llegar a Buenos Aires, el monto fue reducido y se les aplicaron descuentos arbitrarios por transporte y comida.
Las condiciones de vida eran deplorables. Los trabajadores residían en una construcción de ladrillos sin finalizar, con filtraciones, cables eléctricos expuestos y un baño externo sin puerta. Además, la Secretaría de Trabajo constató que ninguno estaba registrado y que cumplían jornadas de lunes a sábado con restricciones severas: no podían usar el teléfono ni salir del campo sin autorización previa.
En los allanamientos realizados por la Policía Federal y otros organismos, se secuestraron más de 22 millones de pesos, 21 mil dólares, tres armas de fuego y marihuana. Asimismo, se detectó que la mayoría de los extranjeros identificados en el predio tenían una situación migratoria irregular.
Como medida cautelar, el magistrado ordenó embargos de hasta 300 millones de pesos para cubrir eventuales reparaciones civiles a las víctimas. La figura de trata de personas con fines de explotación laboral, en su modalidad agravada, contempla penas de entre ocho y doce años de prisión.
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