Un niño menor de cinco años muere cada semana por desnutrición aguda en Guatemala. Así lo revelan los datos del Ministerio de Salud al 17 de octubre de 2026, registrando 42 fallecimientos, con otros 46 casos aún en investigación.
La tragedia tiene una ubicación y un rostro definidos. El 78% de las muertes se concentran en cuatro departamentos: Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos y Escuintla. El perfil de las víctimas es claro: el 78.5% eran menores de dos años, el 55% pertenecían a pueblos originarios y el 59% eran niñas.
A nivel nacional, se han detectado 17 mil 482 casos de desnutrición aguda, de los cuales el 17.9% presentan una condición grave. Aunque la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional reporta que el 58% de los niños identificados se recuperó, existen fuertes cuestionamientos sobre la fiabilidad de estas cifras.
El diputado Jairo Flores ha alertado sobre un posible subregistro y ha cuestionado la relación costo-beneficio de los programas del Ministerio de Desarrollo Social. A pesar de presupuestos millonarios destinados a comedores sociales, bolsas y bonos sociales que suman cientos de millones de quetzales, el impacto real en la reducción del hambre sigue siendo incierto.
De hecho, el gobierno informó que no contará con un mecanismo de verificación del impacto de estas intervenciones hasta el año 2027. Ante esto, los legisladores han solicitado que la entrega de ayuda social no se politice y que se trabaje con datos exactos para evitar el autoengaño institucional.
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