Atención a los cambios en la normativa legal de México. La Cámara de Diputados ha aprobado formalmente posponer la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, una medida que altera el calendario de implementación en el país.
De acuerdo con la decisión legislativa, la fecha límite, que originalmente estaba pactada para el primero de abril de 2027, se desplaza ahora hasta el primero de abril del año 2030. Esta prórroga de tres años adicionales surge tras la aprobación de una reforma al Artículo Segundo Transitorio del mencionado Código.
Es importante recordar que el proceso de implementación de este marco normativo comenzó desde el año 2023. Tras el visto bueno de la Cámara Baja, el siguiente paso es la votación en el Senado de la República, proceso que se espera transcurra sin contratiempos para dar certeza jurídica al país.
Los motivos que justifican este aplazamiento son claros y se dividen en dos vertientes. Por un lado, se encuentra el efecto de la elección judicial, la cual provocó la salida de un sesenta por ciento de los jueces especializados en materias familiar y civil que ya habían sido capacitados para aplicar la nueva normativa.
Por otro lado, las autoridades han reconocido la existencia de carencias significativas en cuanto a infraestructura y logística en varios estados, lo que impide que el sistema esté listo para operar en la fecha prevista inicialmente.
Con este ajuste, se busca garantizar que la transición hacia el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares cuente con el soporte técnico y el capital humano calificado para su correcta ejecución en todo el territorio nacional.
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