La Federación de Tenis de Chile se encuentra sumergida en una de las crisis institucionales más complejas de su historia, marcada por una fractura administrativa que ha derivado en la existencia de dos directorios que se disputan la legitimidad del mando. El conflicto, que ya ha escalado hasta la Federación Internacional de Tenis, incluye graves acusaciones de irregularidades y la paralización de recursos económicos que ascienden a aproximadamente 800 millones de pesos.
El núcleo de la controversia radica en la disputa entre el directorio encabezado por Milovan Kegevic, quien resultó ganador en los procesos electorales, y un segundo directorio liderado por Juan Burgueño, el cual cuenta con el reconocimiento del Instituto Nacional de Deportes (IND) y el Comité Olímpico de Chile (COCH). Javier Gómez, abogado del equipo de Kegevic, ha denunciado que la situación actual es el resultado de una maniobra irregular ejecutada por el IND para desplazar a las autoridades electas.
Según la versión entregada por Gómez, el origen del problema se remonta a una intervención del IND que el abogado califica como improcedente. De acuerdo con sus declaraciones, el organismo gubernamental inició un procedimiento de administración externa sin que existiera una causa justificada, como podría ser la insolvencia económica de la entidad. En este proceso, el IND designó a tres miembros del Comité Olímpico de Chile para actuar como administradores externos.
El abogado detalló un punto crítico sobre el debido proceso: el IND habría otorgado un plazo de 10 días para presentar descargos, plazo que, según Gómez, fue cumplido por el directorio de Kegevic. Sin embargo, el organismo sostuvo que no hubo respuesta, utilizando este argumento para formalizar la designación de la administración externa. Gómez sostiene que esta acción fue el paso previo para instaurar una dirección que no cuenta con el respaldo de los tribunales electorales.
En el ámbito financiero, la gravedad de la crisis se manifiesta en la congelación de fondos esenciales para la operación del tenis nacional. El abogado denunció que los administradores externos habrían excedido sus facultades al paralizar todas las cuentas bancarias de la Federación, impidiendo cualquier tipo de pago operativo. En total, se habla de una suma de 800 millones de pesos, desglosados en 380 millones de pesos generados por la participación en la Copa Davis y 422 millones de pesos que ya se encontraban en las cuentas institucionales.
Ante lo que califican como una estrategia de "asfixia económica", el equipo legal de Milovan Kegevic anunció la presentación de querellas criminales por apropiación indebida. Estas acciones judiciales no solo apuntarían a los administradores externos, sino también a Miguel Ángel Mujica, representante del COCH, y a los funcionarios del IND que facilitaron el proceso de intervención.
Asimismo, Javier Gómez señaló la existencia de presuntos vínculos políticos que habrían influido en el conflicto. Mencionó específicamente a Andrés Otero, actual subsecretario de Deportes y exgerente de la Federación, quien habría trabajado anteriormente con el directorio que fue derrotado en las urnas. Esta conexión, según el abogado, explicaría el interés en desplazar al presidente electo por la mayoría de los socios de la Asamblea.
En cuanto a la situación actual de las instalaciones, Gómez fue enfático al aclarar que el directorio de Kegevic mantiene el control de la sede de la federación. Rechazó cualquier acusación de "toma" o "usurpación", argumentando que, al ser el directorio vigente y legítimo, tienen el derecho de administrar tanto la sede como los recursos económicos.
Finalmente, el abogado reiteró que no entregarán el mando ni los recursos hasta que un tribunal electoral ordene lo contrario. Calificó al directorio de Juan Burgueño como un "directorio espurio" y describió las actuaciones del COCH y el IND como maniobras fácticas e intervenciones electorales basadas simplemente en el hecho de que el presidente electo no resultara grato a ciertos sectores del poder deportivo y político.
