La prensa oficial de Cuba continúa difundiendo juicios con el objetivo de sentar un precedente ante los delitos cometidos contra el sistema energético nacional. Recientemente, el medio Tribuna de La Habana informó sobre un proceso judicial que culminó con penas severas de prisión para cuatro personas: Noerlis Agüero Aguirre, Yoel Noel Ortiz Fontes, Andy Travieso Salazar y Ramón David Cruz Grajales. Las sentencias impuestas fueron de 20, 18, 16 y 15 años de cárcel, aunque el reporte oficial no precisó qué condena corresponde a cada uno de los procesados.
Los hechos se originaron con la sustracción de 140 litros de aceite dieléctrico de un transformador ubicado en la subestación eléctrica que suministra energía al Complejo Lácteo de La Habana. Según la información oficial, el objetivo de los acusados era vender el producto para beneficiarse económicamente. Este tipo de aceite es frecuentemente revendido en el mercado informal para ser utilizado como combustible. A pesar de que las autoridades reconocieron la motivación económica del robo, el delito por el cual fueron juzgados y condenados fue el de "sabotaje energético".
Como consecuencia directa de este acto, se produjo la interrupción del servicio eléctrico en el Complejo Lácteo, lo que provocó el paro total del proceso productivo de la fábrica. Las autoridades cuantificaron la afectación económica en un total de 10.272.712,80 pesos, señalando que estos recursos estaban destinados a rubros críticos como la merienda escolar y la canasta familiar normada. Por otro lado, la nota oficial omitió cualquier referencia a los apagones en la zona de Cotorro, donde, según datos de la Empresa Eléctrica provincial, existen periodes de hasta 12 horas consecutivas sin servicio eléctrico. Asimismo, el reporte no especificó la fecha exacta en la que ocurrieron los hechos.
En contraste con la millonaria pérdida económica reportada, el costo real para reparar el equipo y volver a adquirir el aceite dieléctrico fue de 81.591,24 pesos, cifra que representa poco más de 100 dólares según el cambio informal actual.
La narrativa oficial enfatizó la gravedad de las acciones, destacando que los implicados se aprovecharon de la nocturnidad y de que uno de ellos trabajaba como agente de seguridad del centro. El reporte también resaltó la actuación de los demás integrantes del equipo de protección, quienes sorprendieron a los acusados mientras intentaban salir del recinto con el aceite distribuido en siete tanques de 20 litros cada uno.
Para la sentencia, se aplicaron circunstancias agravantes al delito de sabotaje, fundamentadas en que los procesados actuaron en un grupo de más de tres personas, aprovecharon la noche para ejecutar la sustracción y lo hicieron con fines de lucro. El oficialismo subrayó que el juicio fue "ejemplarizante", argumentando que estos actos contravienen los esfuerzos del Estado para garantizar la producción de alimentos básicos en un contexto de crisis energética atribuida al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. No obstante, el texto original señala que esta narrativa omite que Estados Unidos es actualmente la fuente de toda la gasolina consumida en Cuba, superando las entregas que realizaba Venezuela durante la era de Hugo Chávez.
A pesar de la publicidad de estos juicios, los delitos contra la infraestructura energética persisten. Ante esta situación, la Empresa Eléctrica de La Habana anunció la implementación de "trampas químicas" en las subestaciones para facilitar la identificación de los responsables de estos robos, aunque no detalló la naturaleza de dicho mecanismo.
Este caso no es aislado. El pasado 18 de septiembre, la prensa de Holguín reportó un proceso similar por hurto de aceite dieléctrico, donde dos responsables fueron condenados a 10 y 8 años de prisión, mientras que dos compradores del producto recibieron penas de un año y medio y 10 meses, respectivamente, alternadas con trabajo correccional.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República, entre 2025 y el primer semestre de 2026 se iniciaron más de 460 investigaciones penales por hechos similares, bajo cargos que incluyen sabotaje, daños, hurto, robo con fuerza en las cosas y receptación. Todos los procesados en lo que va de año han sido condenados por el delito de "sabotaje", recibiendo la mayoría penas superiores a los 10 años de prisión.
La sustracción de aceite dieléctrico es el delito más recurrente, con más de 300 denuncias en todo el país durante dicho periodo. Las provincias con mayor incidencia son Matanzas, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santiago de Cuba y Artemisa. Además, la Fiscalía reportó robos de cables, alambres, tornillos de redes de distribución, angulares de torres de alta tensión y daños en parques solares fotovoltaicos. El 87% de los imputados ha recibido la medida de prisión provisional. Finalmente, se recordó que los artículos 125 y 126 del Código Penal cubano establecen para el sabotaje penas de entre siete y 30 años, pudiendo llegar a la privación perpetua o la muerte en casos con agravantes.
