El pasado 22 de septiembre, el Gobierno de Chile, bajo la administración de José Antonio Kast, formalizó en Nueva York su adhesión al denominado "Escudo de las Américas". Aunque el anuncio oficial de la Cancillería se centró primordialmente en la persecución del crimen organizado y la lucha contra redes criminales como el Tren de Aragua, un análisis detallado de la declaración suscrita revela que el alcance de este acuerdo es considerablemente más amplio, involucrando dimensiones económicas y de política exterior que trascienden la cooperación policial.
En el ámbito de la seguridad, la iniciativa promete dotar a Carabineros y a la PDI de acceso a información, herramientas de análisis y capacitación especializada. Si bien la cooperación es fundamental para combatir redes que mueven dinero, drogas y personas a través de las fronteras, el acuerdo plantea interrogantes críticas sobre la soberanía de las investigaciones. La gestión de los datos, quién podrá conservarlos y bajo qué condiciones circulará la información en territorio chileno son puntos que generan incertidumbre sobre el control real de las pesquisas nacionales.
Más allá de lo policial, el texto firmado integra la seguridad con la economía y la coordinación multilateral. El acuerdo propone explorar mecanismos para evaluar inversiones extranjeras, asegurar el suministro de minerales críticos y establecer reglas estrictas para los proveedores de infraestructura digital. Asimismo, contempla la búsqueda de posiciones compartidas en organismos internacionales. Esta amplitud sugiere que las decisiones futuras sobre qué inversión se considera un riesgo o qué proveedor tecnológico es confiable estarán estrechamente ligadas a este marco de cooperación.
Este escenario cobra especial relevancia al contrastarlo con la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Washington ha manifestado explícitamente su intención de recuperar la primacía en el hemisferio, limitando el control de activos estratégicos por parte de competidores externos y condicionando sus alianzas para reducir la influencia de potencias extranjeras. Según analistas como Ryan C. Berg, el Escudo de las Américas podría ser una herramienta para ampliar la estrategia estadounidense frente a China, uniendo la lucha contra los carteles con la disputa por la influencia sobre puertos, redes digitales y minerales.
Para Chile, esto representa un desafío diplomático y económico significativo. Si bien la evaluación de inversiones en sectores estratégicos es una medida razonable —la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales ya discutía este tema en junio—, el riesgo surge si los criterios chilenos se alinean ciegamente con las preferencias de Washington. En un país con vínculos económicos profundos con China, diseñar reglas para excluir a un competidor geopolítico basándose en intereses ajenos podría comprometer la autonomía nacional.
Un antecedente reciente subraya esta tensión. En febrero, durante el gobierno anterior, Estados Unidos revocó las visas oficiales de tres funcionarios chilenos que evaluaban la aprobación de un cable submarino de una empresa china, acusándolos de actividades contrarias a la seguridad regional. En aquel momento, la Cancillería defendió la soberanía nacional. Ahora, al incorporarse a una iniciativa que incluye la evaluación de proveedores estratégicos, el Gobierno de Kast enfrenta la pregunta de cómo reaccionará cuando su juicio técnico difiera del de Washington.
En paralelo, Chile mantiene el "Compromiso de Santiago" contra la delincuencia organizada transnacional, adoptado en mayo junto a Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. Esta iniciativa, centrada en rutas y delitos compartidos, busca un plan de acción con medidas verificables. La convivencia entre el Compromiso de Santiago y el Escudo de las Américas plantea una cuestión política: si la región decidirá sus propias necesidades o si seguirá las prioridades estratégicas de una potencia.
Otro punto crítico es la propuesta de solicitar una reunión en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para adoptar medidas colectivas contra organizaciones criminales. Aunque el TIAR excluye el empleo de fuerza armada sin el consentimiento de cada Estado, figuras como el excanciller Juan Gabriel Valdés han advertido sobre el riesgo de subordinación y han rechazado la involucración de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.
Ante este panorama, se hace imperativo que la Cancillería transparente el documento completo y explique por qué la adhesión incluye una agenda económica y diplomática. El Gobierno debe precisar sus criterios para compartir inteligencia, evaluar inversiones y escoger proveedores tecnológicos, además de coordinar el Escudo con el Compromiso de Santiago. La capacidad de Chile para mantener su soberanía dependerá de que el Ejecutivo pueda demostrar que, a pesar de la cooperación, el país mantiene la facultad de decir que no cuando sus propios intereses nacionales lo aconsejen.
