Un juez federal ha ordenado al Gobierno de Donald Trump restablecer temporalmente las credenciales de prensa de CNN, MS NOW y Politico, permitiendo que los reporteros de estas organizaciones regresen al complejo de la Casa Blanca. La decisión, emitida por el juez Timothy Kelly, surge después de que las organizaciones de noticias presentaran una solicitud de emergencia para una audiencia el pasado jueves por la mañana.
El proceso de retorno no estuvo exento de dificultades iniciales. A pesar del fallo judicial, varios periodistas enfrentaron obstáculos para ingresar al edificio durante las primeras horas del jueves. La reportera de CNN, Betsy Klein, y un fotoperiodista de la misma cadena se vieron obligados a esperar hasta el mediodía para poder entrar al recinto, tras habérseles denegado el acceso inicialmente a las 9 a.m. hora de Miami. Por su parte, un reportero de MS NOW también logró recuperar su acceso, mientras que un productor de CNN había podido ingresar previamente, después de las 6 a.m., aunque los motivos de esta excepción no quedaron claros de inmediato.
En el núcleo de su sentencia, el juez Kelly determinó que la revocación de las credenciales de prensa se llevó a cabo sin un "debido proceso constitucionalmente adecuado". El magistrado señaló que, según la jurisprudencia, las personas deben recibir una notificación previa y la oportunidad de ser escuchadas antes de que el Gobierno las prive de un interés protegido constitucionalmente. En este caso, el Gobierno de Trump no notificó a los reporteros sobre su derecho a apelar la decisión sino hasta después de que sus credenciales hubieran sido confiscadas.
La resolución judicial ocurrió apenas unas horas antes de que el presidente Trump recibiera al líder chino Xi Jinping en la Casa Blanca. El fallo establece una orden de restricción temporal que estará vigente durante 14 días, periodo durante el cual el juez no permitió apelaciones inmediatas. En su lugar, Kelly diseñó un plan para que tanto los medios de comunicación como el Gobierno presenten argumentos y pruebas adicionales, lo que probablemente conducirá a un dictamen más exhaustivo.
El conflicto se originó el viernes anterior, cuando Donald Trump anunció la prohibición contra los tres medios a través de redes sociales, alegando que la medida era el resultado de la "constante difusión de NOTICIAS FALSAS" y advirtiendo que otros medios seguirían el mismo camino. Aunque el Departamento de Justicia, representado por el abogado Michael Velchik, argumentó posteriormente que la cobertura de CNN, MS NOW y Politico había puesto en peligro la seguridad nacional, el juez Kelly rechazó esta justificación.
En su fallo, Kelly escribió que nada en el expediente sugería que la revocación estuviera motivada por la seguridad nacional. El juez subrayó que el propio presidente Trump, al anunciar el veto, se enfocó en la supuesta falta de veracidad y el carácter negativo de los informes, y no en riesgos de seguridad. Además, el juez calificó de "ambiguas" las cartas enviadas por el Gobierno, que mezclaban preocupaciones de seguridad nacional con la difusión de falsedades.
Como ejemplo de esta inconsistencia, el juez mencionó un reportaje de CNN sobre la reconstrucción de un búnker bajo el Ala Este, citado por el Gobierno como un riesgo de seguridad. Kelly señaló que dicho artículo se publicó meses antes de que la credencial de la periodista Betsy Klein fuera renovada este verano, invalidando el argumento de que el contenido reciente justificara la expulsión inmediata.
La medida ha sido celebrada por Ted Boutrous, abogado de los medios afectados, quien calificó el fallo como una reivindicación de la libertad de prensa y el Estado de derecho. Por otro lado, la situación generó un frente común en la industria. Las cinco cadenas principales (ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC) emitieron una declaración conjunta afirmando que ninguna administración debe restringir a una organización de noticias por objetar su cobertura. En solidaridad, estas cadenas habían decidido no cubrir los discursos presidenciales cuando se impidió que CNN cumpliera sus funciones en el grupo de prensa.
Además, cerca de 50 organizaciones de noticias firmaron un escrito de amicus curiae instando al juez a revocar la prohibición. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca apoyó esta acción, señalando que expulsar a periodistas por el contenido de su cobertura constituye una discriminación por punto de vista y una violación de la Primera Enmienda. Finalmente, el juez Kelly recordó que su decisión se apoya en precedentes, mencionando un caso similar de 2018 relacionado con el corresponsal Jim Acosta, reafirmando que el público tiene un interés vital en mantener una prensa libre como intérprete entre el Gobierno y el pueblo.
