La Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado este miércoles el proyecto legislativo conocido como Ley Antibarricadas 2.0, procediendo a su despacho inmediato al Senado. Esta iniciativa, que ha sido impulsada directamente por el Gobierno, tiene como objetivo central ampliar el catálogo de conductas que podrían ser sancionadas penalmente cuando se interrumpa la libre circulación y los servicios de transporte. Es fundamental precisar que, aunque la Cámara ya ha completado su parte del trámite, la aprobación de este proyecto no implica que las nuevas reglas entren en vigencia de manera inmediata, ya que la normativa deberá superar un segundo trámite legislativo antes de convertirse formalmente en ley.
El núcleo de la propuesta reside en la expansión de los supuestos en los que un corte de tránsito puede ser tipificado como un delito. Para comprender el alcance de este cambio, es necesario contrastarlo con la legislación actual. En el marco normativo vigente, se sancionan las interrupciones completas de la libre circulación, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones legales. Sin embargo, el nuevo proyecto propone una modificación significativa al incluir también las obstrucciones parciales, eliminando así la distinción entre un bloqueo total y uno parcial para efectos de la sanción.
Otro de los cambios más relevantes en la redacción del proyecto es la eliminación de la exigencia de acreditar violencia o intimidación para configurar el delito. Hasta ahora, estos elementos eran necesarios para que la interrupción del tránsito fuera procesada penalmente. Con la nueva propuesta, la simple acción de obstruir la circulación, sea parcial o totalmente, podría ser suficiente para activar las sanciones previstas, independientemente de si hubo actos violentos asociados.
Además de las calles y vías públicas, el alcance de la Ley Antibarricadas 2.0 se extiende a diversos medios de transporte. La iniciativa incorpora la interrupción del funcionamiento de los servicios de transporte, tanto de pasajeros como de carga. De manera específica, la propuesta contempla que estas sanciones se apliquen en el sistema ferroviario y en el Metro, abarcando no solo las vías de tránsito, sino también las estaciones, los terminales y cualquier otra instalación que resulte necesaria para la correcta prestación de dichos servicios.
En cuanto a las consecuencias legales, el proyecto contempla la aplicación de presidio menor en su grado mínimo para quienes incurran en estas conductas. No obstante, la norma establece salvaguardas claras para evitar sanciones injustas; quedan excluidas de la responsabilidad penal aquellas interrupciones que sean causadas por accidentes, desperfectos mecánicos o cualquier otro motivo que sea debidamente justificado.
Desde la perspectiva ejecutiva, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ha defendido la necesidad de ampliar esta norma. El argumento central del ministro sostiene que el derecho de las personas a trasladarse sin enfrentar bloqueos es una prioridad. Según Arrau, si bien el derecho a manifestarse es un pilar fundamental, este no autoriza a los ciudadanos a impedir la circulación de terceros, estableciendo así una jerarquía donde la movilidad pública debe ser resguardada.
A pesar del avance en la Cámara, el proceso legislativo ha dejado al descubierto una diferencia sustancial sobre la protección de las protestas pacíficas. Durante el trabajo en la Comisión de Seguridad, se analizó una indicación que buscaba excluir expresamente del delito el ejercicio legítimo del derecho a la reunión, la huelga o la manifestación. No obstante, esta propuesta no logró obtener el respaldo suficiente entre los legisladores y quedó fuera de esta etapa de la tramitación.
Este punto específico se perfila como uno de los focos principales de la revisión que llevará a cabo el Senado. Los senadores tendrán la tarea de determinar el límite exacto entre un bloqueo que debe ser sancionado penalmente y una manifestación que debe estar protegida por los derechos civiles. Dado que la Cámara ya completó su trámite, el Senado mantiene la facultad de introducir cambios, modificaciones o nuevas indicaciones al texto antes de que se alcance una versión definitiva de la ley.
