El presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, tomó una medida drástica el pasado martes 22 de septiembre de 2026 al ordenar la militarización inmediata de la ciudad de Santa Marta. Esta decisión surge como respuesta directa a una creciente ola de violencia que ha azotado la ciudad caribeña, manifestada a través de ataques sistemáticos contra comerciantes y el incendio de diversos vehículos, acciones que se desencadenaron tras la ejecución de operativos militares contra una organización narcotraficante.
La crisis de seguridad en la región se intensificó luego de que el mandatario anunciara un golpe significativo contra las estructuras criminales locales. Según la información oficial, las autoridades lograron abatir a un coordinador de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo que opera activamente en Santa Marta y sus zonas periféricas. En el mismo operativo, fueron neutralizados otros 12 colaboradores del mencionado coordinador, lo que representó un blow considerable para la operatividad de la organización en la zona.
Sobre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), se ha detallado que se trata de un grupo con orígenes paramilitares. Su modelo económico y de supervivencia se basa principalmente en el control estratégico de las rutas del narcotráfico y la implementación de sistemas de extorsión en el Caribe colombiano. La influencia y presencia territorial de este grupo es extensa, abarcando desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el departamento de La Guajira, una zona crítica debido a su proximidad y frontera con Venezuela.
La reacción del grupo criminal ante la pérdida de sus integrantes fue inmediata y violenta. Durante la jornada del martes, diversas zonas de Santa Marta amanecieron completamente desiertas. Este fenómeno fue provocado por la propagación de rumores sobre un denominado "paro armado" impuesto por las ACSN. En el contexto colombiano, un "paro armado" se define como la imposición forzosa de restricciones a la movilidad ciudadana y al comercio local, medidas que las organizaciones criminales hacen valer mediante la coacción y el terror para demostrar su control territorial.
El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció a través de una declaración en video, donde alertó sobre las intenciones del grupo ilegal. "Estos delincuentes pretenden incendiar gran parte de la región Caribe, empezando por Santa Marta, donde han amenazado a comerciantes, a pobladores, transportadores", afirmó el mandatario, subrayando la gravedad de las amenazas que pesan sobre la población civil y el sector económico de la ciudad.
La tensión en las calles fue evidenciada a través de redes sociales, donde circularon múltiples videos que mostraban a hombres armados desplazándose en motocicletas por las vías de Santa Marta. En estas imágenes se observa cómo los atacantes disparaban contra establecimientos comerciales que permanecían abiertos, desafiando la autoridad. Asimismo, se reportó la presencia de camiones incendiados, los cuales fueron utilizados para bloquear algunas carreteras estratégicas de esta ciudad ubicada al norte del país.
Ante este escenario de caos, el jefe de Estado fue tajante en sus órdenes. "He ordenado como presidente de la República que Santa Marta sea militarizada", anunció De la Espriella la tarde del martes. El mandatario adoptó un tono severo al advertir que no toleraría la intimidación hacia la ciudadanía, asegurando que "el que no se someta será dado de baja" y enfatizando que no permitirá que la población siga siendo "arrodillando a través del terror".
En términos operativos, la respuesta del Estado fue inmediata. Un vocero de la policía informó que se reforzó la presencia institucional en las zonas comerciales de la ciudad, desplegando unidades especializadas en la lucha contra la extorsión y fuerzas especiales. Paralelamente, el ejército nacional desplegó tropas a lo largo de la carretera que conecta a Santa Marta con el departamento de La Guajira, buscando cerrar el paso a los operativos criminales y asegurar la movilidad en la región.
Este despliegue se enmarca en la agenda de seguridad del presidente De la Espriella, quien asumió el poder en agosto. Desde el inicio de su mandato, ha prometido doblegar a los grupos ilegales que basan su financiamiento en el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Para lograr estos objetivos, el mandatario ha señalado que cuenta con el apoyo estratégico de sus aliados internacionales, específicamente de Estados Unidos e Israel.
