El ministro de Educación, José Antonio Chang, ha anunciado una medida drástica respecto a la gestión del colegio Liceo Naval, ubicado en el distrito de San Borja. Tras una visita oficial realizada este viernes 18 de septiembre de 2026, el titular del sector confirmó que la institución educativa entrará en un proceso de reorganización integral que se extenderá hasta diciembre del año 2027.
La intervención del Ministerio de Educación (Minedu) surge como respuesta directa a una grave situación reportada en el plantel, relacionada con una denuncia por abuso contra un menor de edad. Según la información disponible, este hecho derivó en la detención de las personas implicadas, lo que motivó el desplazamiento inmediato del ministro Chang hacia las instalaciones del colegio para evaluar la situación y tomar decisiones administrativas urgentes.
Durante su estancia en el Liceo Naval, el ministro José Antonio Chang enfatizó que la prioridad absoluta del Gobierno es salvaguardar el bienestar de los estudiantes. El titular del sector señaló que, si bien el incidente ha generado conmoción, la gran mayoría de los alumnos no se encuentra comprometida en este problema, aunque son precisamente ellos quienes están sufriendo las consecuencias emocionales y sociales de lo ocurrido.
En términos de gobernanza, la medida implica que tanto la gestión administrativa como la dirección pedagógica de la institución quedarán bajo la tutela directa del Ministerio de Educación. Esta transición en el mando busca sanear la gestión del colegio, asegurando que los procesos internos se alineen con los estándares de protección infantil y calidad educativa. Como parte fundamental de este cambio, el ministro fue enfático al declarar que el nuevo director del centro educativo será nombrado directamente por el Minedu, eliminando la autonomía previa en dicha designación para garantizar un perfil idóneo para el periodo de reorganización.
Uno de los puntos más críticos abordados por el ministro fue la gestión de la seguridad y la convivencia escolar. José Antonio Chang anunció la creación de una oficina de protección de la comunidad educativa que sea realmente efectiva. El ministro lanzó una dura crítica hacia el funcionamiento de las herramientas actuales, mencionando específicamente la plataforma estadística donde se registran los casos de violencia.
Según detalla el titular del sector, existe una plataforma que permite contabilizar el número de casos reportados, pero ha fallado sistemáticamente en la ejecución de acciones concretas. Chang reveló que esta problemática ha estado presente durante los últimos 15 años, evidenciando una falla estructural en la respuesta institucional. El ministro puso el foco en el personal asignado a estas tareas, señalando que la oficina SiseVe contaba con 164 personas trabajando; sin embargo, su labor se había limitado a la mera contabilización de casos en una plataforma estadística, sin que ello se tradujera en intervenciones reales. "Lo que necesitamos es que se intervenga para ayudar a las escuelas a que haya una convivencia pacífica", sentenció el ministro.
Por otro lado, el representante del Minedu abordó la preocupación sobre la continuidad académica de los estudiantes. Actualmente, el Liceo Naval cuenta con una población de 1,500 alumnos. Ante la crisis, el ministro descartó la posibilidad de trasladar las actividades educativas a la modalidad virtual, argumentando que los estudiantes no pueden verse perjudicados pedagógicamente. Chang insistió en que existe una necesidad imperativa de enseñanza presencial en la institución y que el proceso de reorganización no debe interrumpir el derecho al aprendizaje físico.
En este contexto, el ministro hizo un llamado a los docentes y directivos para recuperar la capacidad de autoridad dentro de las aulas, elemento que consideró fundamental para restablecer el orden y la seguridad en el plantel.
En resumen, el Liceo Naval permanecerá bajo la supervisión y reorganización del Ministerio de Educación hasta diciembre de 2027, periodo en el cual se implementará la nueva dirección, se reestructurará la oficina de protección estudiantil y se buscará erradicar la inacción administrativa que permitió que problemas de convivencia persistieran por más de una década.
