¿Podría dejar su cargo el Defensor del Pueblo? Cuatro grupos parlamentarios —Juntos Por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras— han formulado una solicitud de remoción contra Josué Gutiérrez por falta grave.
El pedido se fundamenta en dos hechos principales. El primero se originó en una entrevista brindada a Canal N, donde Gutiérrez planteó que, si la presidenta Keiko Fujimori decidiera cerrar el Congreso, contaría con un respaldo popular incluso mayor al que tuvo su padre en su momento. Asimismo, mencionó que el cese de funciones del Parlamento generaría un ahorro presupuestal de 3 mil millones de soles anuales. Los grupos parlamentarios calificaron estas declaraciones como un atentado contra la Constitución y el equilibrio de poderes.
El segundo motivo se basa en un informe de control de la Contraloría General de la República. El documento detalla cuatro casos de contrataciones irregulares en la Defensoría, donde personas habrían mantenido contacto previo con el despacho antes de acceder a plazas, validando en algunos casos experiencia laboral que no correspondía a los requisitos del puesto.
Aunque el funcionario ofreció disculpas, los solicitantes consideran que estas fueron condicionales y no reconocieron el sentido original de sus palabras.
El proceso ahora pasa a la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado, que tiene un plazo de 30 días hábiles para evaluar los cargos y pruebas. Para que la remoción se concrete, el Pleno del Senado deberá aprobarla con el voto favorable de dos tercios de la cámara, es decir, 40 de los 60 senadores.
Paralelamente, existen otras vías legales abiertas. La diputada Analí Márquez y la senadora Mirtha Vásquez han presentado denuncias constitucionales. Vásquez añade cargos sobre el escaso seguimiento a víctimas de protestas y una demanda de inconstitucionalidad vinculada a una empresa de la hermana del Defensor.
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