Una jornada de violencia y tensión se registró en el estado de Guerrero, donde agentes de la Guardia Nacional y de la Policía estatal se enfrentaron a pobladores de Quechultenango. Los habitantes de la zona bloquearon la carretera en dos puntos estratégicos, incendiaron una unidad policial y retuvieron a diversos elementos de las fuerzas de seguridad.
Los hechos se desencadenaron cuando vecinos de las localidades de Mochitlán y Quechultenango impidieron el paso de las fuerzas federales y estatales, quienes se encontraban realizando un recorrido en la región. De acuerdo con la información disponible, los pobladores reaccionaron violentamente ante la presencia de los uniformados, estableciendo barricadas para evitar su avance.
Al respecto, Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, fue el encargado de brindar detalles sobre la naturaleza de la presencia policial. El funcionario afirmó categóricamente que los elementos se encontraban realizando un recorrido de rutina y descartó que se tratara de un operativo especial destinado a la detención de personas. “No es ningún operativo especial, no hay manera de detener a nadie”, enfatizó el subsecretario.
Rodríguez Cisneros explicó que estas actividades forman parte de los recorridos ordinarios que llevan a cabo diariamente las Bases de Operaciones Interinstitucionales. Estas acciones se integran al despliegue de seguridad que se mantiene desde hace algunos meses, coordinado estrechamente con los municipios de la zona. Asimismo, el funcionario manifestó su extrañeza ante la reacción de la ciudadanía, asegurando que tanto el Alcalde de Quechultenango como el de Mochitlán estaban plenamente informados sobre el despliegue de seguridad.
Sobre la situación de los agentes, el funcionario confirmó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía estatal fueron retenidos por los pobladores. A través de una transmisión en vivo, Rodríguez Cisneros informó que los militares ya habían sido liberados; sin embargo, precisó que 16 policías estatales permanecían retenidos en el momento del reporte. El subsecretario indicó que ya ha establecido comunicación con el Alcalde de Quechultenango con el objetivo de abrir una mesa de diálogo que permita lograr la liberación de los agentes restantes. Además, se prevé un encuentro con los presidentes municipales de Quechultenango y Mochitlán para que estos informen formalmente a sus comunidades sobre el propósito del despliegue de seguridad.
La magnitud de los disturbios quedó registrada en videos difundidos a través de redes sociales. En las imágenes se observa a un grupo de individuos parapetados detrás de dos camionetas Urvan, mientras bloquean la vía y gritan a los agentes de seguridad que no disparen. En las grabaciones también se escuchan detonaciones que parecen ser de armas de fuego, y se percibe el grito de uno de los pobladores asegurando: “ya me dieron”.
El enfrentamiento se extendió geográficamente. Tras superar el bloqueo instalado en Mochitlán, las fuerzas de seguridad intentaron ingresar a Quechultenango, donde se encontraron con otro grupo de pobladores, algunos de ellos armados con piedras, que mantenían la entrada obstruida con un vehículo atravesado en la carretera. Los elementos federales y estatales retenidos fueron trasladados al comedor comunitario de Quechultenango, mientras que en el exterior del inmueble quedó una patrulla completamente incendiada.
Como consecuencia directa de estos disturbios, el sector transporte tomó medidas preventivas. Transportistas suspendieron el servicio en los municipios de Tixtla, Mochitlán, Mártir de Cuilapan y Quechultenango. En un aviso emitido por la ruta de transporte público Tixtla-Chilpancingo, se notificó que el servicio quedaría suspendido hasta nuevo aviso con el fin de salvaguardar la integridad de los choferes, los usuarios y las unidades.
Este tipo de incidentes no es aislado en la región. El 16 de febrero de 2022, pobladores de Quechultenango ya habían retenido durante más de cuatro horas a militares y policías ministeriales durante un operativo. En aquella ocasión, la liberación se logró tras la firma de una minuta donde el Ejército se comprometió a realizar patrullajes acompañados por la Policía Municipal y la Policía Comunitaria. Posteriormente, el 7 de junio de 2022, habitantes de Petaquillas, en el municipio de Chilpancingo, también retuvieron a un grupo de militares.
La zona donde ocurrieron estos hechos ha sido identificada por las autoridades como un área de operación del grupo criminal conocido como “Los Ardillos”, liderado públicamente por los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez. Esta región, que abarca municipios de la zona Centro y Montaña Baja de Guerrero, ha sido escenario de crímenes de alto impacto.
Entre los eventos más destacados se encuentra el asesinato del Alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, quien fue hallado decapitado el 6 de octubre de 2024. Las investigaciones revelaron que Arcos Catalán fue llevado por la fuerza hacia Quechultenango tras acudir a la localidad de Tepechicotlán. Por este crimen fue detenido Germán Reyes Reyes, un ex mando militar y entonces encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo, quien enfrenta un proceso por homicidio calificado y es señalado de tener vínculos con “Los Ardillos”.
Finalmente, la zona también recuerda la tragedia de finales de octubre de 2024, cuando 17 vendedores de trastes de peltre de Chautipa desaparecieron tras visitar la comunidad de El Epazote, en Chilapa. El 4 de noviembre, 11 de estas personas fueron localizadas mutiladas en una camioneta abandonada cerca de El Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo. Hasta la fecha, seis de los pobladores de Chautipa continúan desaparecidos.
