En diciembre, México cumplirá dos décadas desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, un conflicto que, según Mariana Ávila, directora del Observatorio contra la Violencia Social y de Género de Aguascalientes, ha disparado los feminicidios en el país. Para Ávila, la situación actual responde a lo que en el ámbito académico se denomina el "continuum de la violencia", un fenómeno donde la violencia estructural preexistente se fusiona con factores contemporáneos como la amplia disponibilidad de armas, el consumo de drogas sintéticas y las dinámicas operativas de los grupos criminales. Bajo esta premisa, la violencia no se limita a los enfrentamientos armados, sino que se transforma y permea todas las capas de la sociedad.
La realidad de las mujeres en México es alarmante, especialmente en lo que respecta a la desaparición y el asesinato. Mientras que las autoridades oficiales reportan 139.000 personas desaparecidas, las organizaciones civiles elevan esa cifra a unas 250.000 personas, sin contabilizar a quienes se encuentran en situación de migración. Ante la inoperancia estatal, han surgido colectivos de mujeres —integrados mayoritariamente por madres, abuelas y hermanas— que asumen la tarea de búsqueda y exigencia de justicia. Se estima que, si cada familia involucrara a una o dos personas, habría casi medio millón de ciudadanos buscando a sus seres queridos.
Para quienes lideran estas luchas, el costo personal es devastador. Mariana Ávila relata que el activismo en defensa de los derechos humanos implica un agotamiento profundo y modificaciones drásticas en el estilo de vida: cambiar rutas de camino, restringir el uso de redes sociales e incluso renunciar a tener pareja por seguridad. Una de las revelaciones más impactantes es la práctica de marcar sus cuerpos con tatuajes, una medida desesperada para que, en caso de ser desaparecidas, sus familias puedan identificarlas y encontrarlas.
El riesgo es tangible. Ávila ha sido víctima de amenazas telefónicas, allanamientos y el incendio de un foro cultural. Incluso describe encuentros con fiscales que poseían expedientes detallados con sus fotografías y datos familiares, en contextos donde dichos funcionarios enfrentaban denuncias por tortura y desaparición. En los últimos ocho meses, la directora del Observatorio se vio obligada a cambiar de domicilio tres veces en Aguascalientes, situación que afectó gravemente su salud emocional y su patrimonio.
Uno de los puntos críticos señalados es el subregistro sistemático de los feminicidios. En Aguascalientes, mientras las autoridades reportan entre dos y tres feminicidios al año, el Observatorio identifica uno al mes, sin contar las mujeres que fallecen en terapia intensiva tras sufrir agresiones y que son registradas como muertes por enfermedad, accidentes o suicidios. A nivel nacional, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio estima que mueren 11 mujeres al día, una cifra muy superior a las estadísticas oficiales.
El caso de la española Claudia Tacoronte Aguilera y el asesinato de estudiantes en la Universidad de Morelos son ejemplos recientes de esta crisis. Ávila denuncia que existe un intento deliberado de invisibilizar el feminicidio, clasificando estos crímenes como "robos violentos" o "homicidios" para evadir la responsabilidad estatal. En Morelos, un estado estratégico para la delincuencia organizada, el desplazamiento forzado y el consumo de cristal han intensificado la agresividad de los crímenes, mientras que las instituciones educativas han respondido con represión hacia quienes exigen seguridad.
La impunidad sigue siendo la norma. A pesar de que en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México en el caso de Campo Algodonero, responsabilizando al Estado por la muerte de ocho mujeres, 17 años después las obligaciones impuestas no se han cumplido plenamente. Según Ávila, esto se debe a la falta de voluntad política y a la protección de intereses de grupos de poder y empresarios vinculados a la explotación y la desaparición.
Finalmente, sobre la llegada de una mujer a la presidencia de México, Ávila reconoce que era un paso necesario en un país misógino y machista, pero advierte que esto no ha eliminado el subregistro de feminicidios ni ha resuelto la crisis de seguridad. La deuda histórica hacia las mujeres continúa creciendo, pues la incertidumbre sobre si podrán regresar vivas a sus hogares tras ir a estudiar o trabajar sigue siendo una realidad cotidiana en el país.
