Un reciente informe emitido por el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha puesto al descubierto condiciones alarmantes en el centro de detención de inmigrantes en Florida conocido como “Alligator Alcatraz”. El documento detalla que cerca de 80 inmigrantes fueron retenidos en pequeñas celdas metálicas durante periodos que variaron desde unos pocos minutos hasta casi dos horas, una práctica que el organismo de control federal ha calificado como sumamente poco convencional y contraria a los estándares de trato humano.
Según el informe, el equipo de la Oficina del Inspector General, que visitó las instalaciones en enero, describió que mantener a los detenidos en estos recintos interiores —los cuales cuentan con una superficie aproximada de 1,6 metros cuadrados o 18 pies cuadrados— es una medida diferente a cualquier otra observada previamente en instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El organismo advirtió que el uso de espacios tan restrictivos representa riesgos significativos para la salud y la seguridad de las personas confinadas.
El complejo, denominado “Alligator Alcatraz”, fue erigido rápidamente en la pista del aeropuerto de entrenamiento y transición de Dade-Collier durante el verano de 2025. Su ubicación, a menos de 80 kilómetros al oeste del complejo turístico de Donald Trump en Miami Beach, y su rápida implementación generaron una reacción inmediata de diversos sectores, incluyendo legisladores demócratas, grupos indígenas cuyas tierras colindan con el sitio, ecologistas y defensores de los derechos de los inmigrantes. El centro fue utilizado durante la represión migratoria de la administración de Trump y contó con la visita del propio expresidente el verano pasado, además de ser promocionado por funcionarios del DHS y del estado de Florida.
El informe de 34 páginas detalla que, entre el 17 de julio de 2025 y el 18 de enero de 2026, un total de 79 detenidos fueron confinados en estos recintos metálicos. Mientras que el personal del centro describió estas áreas como “zonas de relajación” diseñadas para que los detenidos se tranquilizaran, alegando incluso que los propios inmigrantes solicitaban ingresar en ellas, el equipo del inspector general halló evidencia de al menos un caso en el que estas celdas pudieron haber sido utilizadas como una herramienta disciplinaria. Además de los recintos interiores, los inspectores observaron al menos dos estructuras metálicas similares a jaulas en las áreas recreativas al aire libre, con medidas aproximadas de 1,30 metros de largo por 1,30 metros de ancho y 2,36 metros de alto.
Más allá de las celdas restrictivas, el informe revela un panorama inquietante sobre la vida cotidiana en el centro. Los inspectores constataron condiciones de hacinamiento severo en las viviendas donde los detenidos pasaban la mayor parte del día, las cuales carecían de ventanas. En ocho de estas viviendas, se albergaba a entre 22 y 31 personas cada una, incumpliendo el estándar requerido de 7 metros cuadrados por detenido. Asimismo, las entrevistas con los internos revelaron que no tenían acceso a agua potable y que las duchas, que solo podían utilizar tres veces por semana, estaban infestadas de pequeños insectos.
Aunque el centro cumplía con las normas de admisión y uso de la fuerza, falló rotundamente en estándares básicos de higiene personal, servicio de alimentación y atención médica. Respecto a la responsabilidad de estas deficiencias, surgió una disputa jurisdiccional: el DHS afirmó que el estado de Florida mantenía la autoridad sobre las operaciones diarias, mientras que el informe señala que cualquier centro que albergue detenidos del ICE debe cumplir estrictamente con los estándares de dicha agencia.
La respuesta política ha sido polarizada. Mientras legisladores demócratas denunciaron haber visto a cientos de personas en jaulas bajo un calor sofocante y con comida escasa, la administración de Florida mantuvo una postura defensiva. Alex Lanfranconi, director de comunicaciones del gobernador Ron DeSantis, minimizó las críticas afirmando que los medios de izquierda se centran en zonas de confinamiento destinadas a extranjeros con antecedentes penales violentos. Lanfranconi sostuvo que el centro cumplía con las normas federales e incluso declaró que, de ser posible, harían los espacios aún más pequeños.
Finalmente, el gobernador Ron DeSantis confirmó que las instalaciones eran temporales y que cesaron sus operaciones a mediados de junio. Debido al cierre del centro, las recomendaciones del inspector general —que incluían la eliminación inmediata de las celdas metálicas y la garantía de acceso a agua potable— quedaron sin efecto operativo, aunque el informe permanece como un registro documental de las condiciones vividas en “Alligator Alcatraz”.
