La Fiscalía General de la Nación ha logrado desmantelar una sofisticada organización criminal que operaba bajo la modalidad de un “ecosistema financiero ilegal”, dedicada principalmente a la extorsión carcelaria en la ciudad de Bogotá. Según las investigaciones, el presunto cabecilla de esta red es Fabián Viracachá Ballén, conocido bajo los alias de “El Don” o “Pluma”, quien posee una condición jurídica particular: es un postulado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ya se encuentra privado de la libertad por el asesinato de un miembro de la fuerza pública.
La operación judicial permitió desarticular una estructura en la que el postulado de la JEP no actuaba solo, sino que involucró a tres de sus familiares cercanos. Cada uno de los miembros de este núcleo familiar desempeñaba un rol específico y coordinado dentro de la organización. A través de una comunicación constante mediante mensajes, los implicados lograban ubicar a sus potenciales víctimas, ejecutar las extorsiones y gestionar la movilización de millonarias sumas de dinero a través de diversas cuentas y aplicaciones financieras.
De acuerdo con la explicación brindada por la Fiscalía, la organización implementó una operación de triangulación para lavar los recursos ilegales. El dinero producto de las extorsiones era recibido inicialmente en billeteras digitales y cuentas pertenecientes a terceras personas. Posteriormente, estos fondos eran distribuidos entre los integrantes de la red, quienes mantenían actividades delictivas articuladas incluso fuera del centro penitenciario. Finalmente, el dinero era retirado en efectivo y destinado a la adquisición de activos, incluyendo vehículos e inmuebles.
Una de las tácticas más alarmantes reveladas por el ente acusador fue el uso de la manipulación digital. Fabián Viracachá Ballén, alias Pluma, y sus familiares obtenían fotografías íntimas de sus víctimas para realizar montajes fotográficos. Con este material, amenazaban a las personas con publicar las imágenes en redes sociales, exigiendo la entrega de sumas millonarias de dinero a cambio del silencio. Mientras que algunas víctimas cedieron ante el chantaje, otras optaron por denunciar los hechos, lo que proporcionó la base necesaria para las capturas.
La rigurosidad de la investigación fue evidenciada por el volumen de datos analizados. La Fiscalía General de la Nación examinó más de 631.000 operaciones financieras y documentó 43 noticias criminales, que comprenden denuncias y reportes directos de las víctimas. Todo el proceso investigativo tuvo su origen en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), el cual permitió a las autoridades seguir la ruta del dinero, establecer su procedencia, el tránsito por las cuentas y su destino final, identificando así a quienes controlaban la circulación del capital.
Las interceptaciones telefónicas y de comunicaciones fueron fundamentales para dimensionar el alcance del poder de alias Pluma. Se estableció que el sujeto ejercía una influencia significativa en diversas cárceles del país, donde se encargaba de reclutar a otros internos para que realizaran las llamadas extorsivas. En audios recaudados durante la investigación, se escucha a familiares del cabecilla afirmar que alias Pluma tenía a todo un patio de la prisión trabajando activamente en las labores de extorsión contra ciudadanos.
La organización no operaba de manera improvisada. Existía un guion detallado que los reclutas e internos en diferentes centros penitenciarios debían seguir estrictamente para asegurar el éxito de las extorsiones, captar más víctimas y maximizar las ganancias económicas. Entre las modalidades de captación, la Fiscalía advirtió que se creaban perfiles falsos de mujeres en la aplicación WhatsApp, con los cuales contactaban a personas para ofrecerles supuestos servicios sexuales, sirviendo esto como gancho para iniciar el proceso de extorsión.
Las ganancias obtenidas por este entramado criminal fueron masivas. La Fiscalía determinó que la organización habría recaudado más de 4.900 millones de pesos mediante estafas telefónicas y extorsiones realizadas específicamente desde el pabellón 6 de la cárcel La Picota. Gran parte de este dinero retornaba a Fabián Viracachá Ballén mediante consignaciones de bajo monto, permitiéndole mantener el control financiero y criminal de la red a pesar de estar encarcelado. Como resultado de estas actividades, los delincuentes adquirieron casas, apartamentos y automóviles, algunos de los cuales fueron ocupados por las autoridades.
El desenlace judicial para los implicados ha sido contundente. Alias Pluma fue notificado de un nuevo proceso penal mientras permanece en prisión. Por su parte, sus familiares fueron capturados y presentados ante un juez de control de garantías, quien consideró que representan un peligro para la sociedad. La Fiscalía subrayó la ironía de que el postulado de la JEP aprovechara su condición para continuar delinquiendo, realizando actividades criminales desde el mismo lugar donde cumple condena por el asesinato de un policía.
