La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha avanzado en los trámites para convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores con el objetivo de abordar la situación política y de derechos humanos en Nicaragua. Tras una votación inicial el pasado 19 de agosto, donde veintinueve Estados se manifestaron a favor, el Consejo Permanente acordó el 3 de septiembre remitir los proyectos de reglamento, el temario y las recomendaciones de procedimiento a los cancilleres.
El detonante de esta movilización diplomática fue el anuncio realizado por Daniel Ortega el 19 de julio, en el cual se manifestó la intención de impedir la realización de elecciones que permitieran a sus adversarios políticos acceder al poder. Ante este escenario, el organismo regional declaró que la democracia representativa ha dejado de existir en Nicaragua, convocando a los ministros para analizar las "acciones apropiadas", aunque el texto aprobado no estableció sanciones concretas ni anticipó qué medidas específicas contarían con el respaldo de los Estados miembros.
El proceso ha revelado profundas divergencias entre las capitales de la región. Mientras que Estados Unidos, Argentina y Perú han expresado su impaciencia y demandado resultados que superen los simples comunicados de preocupación, otros países han mantenido posturas más cautelosas. Costa Rica y Colombia han puesto el énfasis en el fundamento jurídico de las acciones, mientras que Jamaica y Uruguay han insistido en la búsqueda de una salida pacífica. Por su parte, Brasil votó en contra de la convocatoria, argumentando que el proceso podría privilegiar la visibilidad política inmediata sobre los resultados reales para la población nicaragüense, y México advirtió sobre el riesgo de convertir una crisis de derechos humanos en un asunto de seguridad hemisférica.
Desde el punto de vista procedimental, el camino hacia decisiones sustantivas es complejo. De acuerdo con el proyecto de reglamento, cualquier decisión de fondo requerirá el voto de dos tercios de los países representados. Esto implica que el consenso logrado para organizar la reunión no garantiza la existencia de una estrategia compartida ni asegura los votos necesarios para implementar medidas coercitivas o diplomáticas agresivas.
Mientras la diplomacia regional debate sus pasos, el gobierno de Managua ha intensificado sus acciones internas. El 1 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura una reforma que extiende los mandatos a siete años y excluye de cargos públicos y candidaturas a quienes sean calificados como “golpistas” o “traidores a la patria”. Aunque formalmente se mantienen las elecciones, la reforma limita drásticamente quiénes pueden competir en ellas. A nivel internacional, la Cancillería dominicana informó el 9 de septiembre sobre el cierre de la embajada nicaragüense en Santo Domingo, sin que se haya anunciado una ruptura formal de relaciones.
Ante este panorama, Josué Fiallo, exembajador de República Dominicana ante la OEA y expresidente del Consejo Permanente del organismo, advierte que el éxito de la intervención no debe medirse por el nivel de adhesión que consiga Washington, sino por la recuperación efectiva de las libertades de los nicaragüenses. Fiallo cuestiona la estrategia de cercar al régimen hasta provocar su colapso o el respaldo regional a medidas unilaterales para derrocarlo, señalando que es necesario explicar el camino concreto entre la presión y la apertura democrática para evitar que el poder se cierre aún más.
Como propuesta para dotar de eficacia al encuentro de cancilleres, se sugiere que República Dominicana impulse un mandato para que la Secretaría General de la OEA coordine las gestiones acordadas y presente un informe público al Consejo Permanente sesenta días después de la reunión. Este informe debería detallar los compromisos asumidos, las actuaciones realizadas y los obstáculos encontrados, estableciendo una rendición de cuentas basada en resultados y no en promesas de transición.
Finalmente, se enfatiza la necesidad de que cualquier política diplomática integre la escucha plural de quienes permanecen dentro de Nicaragua, evitando que las agendas del exilio desplacen las preocupaciones cotidianas de la población residente. La propuesta es combinar una presión selectiva jurídicamente sustentada con negociaciones basadas en compromisos verificables, como la liberación de presos políticos, y la protección inmediata de las personas perseguidas, asegurando que la legitimidad del proceso se construya ampliando las voces que puedan influir en la solución de la crisis.
