Los servicios esenciales que el Estado de la Provincia de Buenos Aires debe garantizar han atravesado un proceso de deterioro evidente en sus prestaciones. Esta situación es la consecuencia directa de una escasez de recursos que ha impactado inevitablemente en una menor inversión en áreas críticas como la salud, la educación y la seguridad. La problemática se profundiza debido a que la delegación de la función de recaudar impuestos en el Estado Nacional ha llevado a que la provincia con mayor territorio, población y producción del país sea considerada, en términos financieros, como inviable.
Históricamente, los bonaerenses han mantenido un rol protagonista en el Producto Bruto Interno (PBI), tanto en el sector agropecuario como en el industrial. Sin embargo, en la actualidad, la jurisdicción sufre el proceso de desindustrialización nacional con una intensidad superior a la de cualquier otra región. Si bien existen diversas interpretaciones sobre las causas de este fenómeno, es indiscutible su impacto negativo en los ingresos reales de la provincia y de sus ciudadanos. A esto se suma que, en diversos periodos, los gobiernos nacionales han implementado restricciones mediante la exigencia de autorizaciones para exportar o la retención de fondos obtenidos por los productores en el mercado exterior.
En el escenario actual, se observa una prioridad marcada hacia la producción de litio, petróleo, oro, cobre y plata, rubros que incluso cuentan con un régimen de garantías para atraer inversiones. Este enfoque pone en evidencia una contradicción con los argumentos utilizados durante años, los cuales sostenían que las exportaciones agropecuarias no generaban mano de obra suficiente por falta de industrialización; una premisa que hoy parece ridícula al analizar el modelo aplicado, por ejemplo, al litio.
Desde el punto de vista estadístico, es un hecho incontrastable que la Provincia de Buenos Aires aporta aproximadamente el 33 por ciento del Producto Bruto Interno. Este porcentaje fue significativamente mayor hasta que se intensificó la explotación de yacimientos de hidrocarburos y metales en otras regiones. A pesar de ser la provincia que más contribuye al Estado Nacional, la distribución de los fondos refleja una discriminación ostensible.
Según datos oficiales basados en la Ley de Coparticipación, las transferencias automáticas que la Nación realizó a las provincias en agosto pasado fueron de 88.686 pesos per cápita para Buenos Aires. Esta cifra contrasta fuertemente con el promedio general de todas las jurisdicciones, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue de 149.220 pesos. La disparidad es aún más alarmante al comparar con otras provincias: Catamarca recibió casi nueve veces más por habitante y La Pampa seis veces más. Incluso en Neuquén, donde el auge económico de Vaca Muerta es evidente, se giraron 162.497 pesos por cada poblador.
Esta desigualdad se acentúa al analizar los fondos discrecionales que el Poder Ejecutivo Nacional administra, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Independientemente de la pertenencia partidaria de sus legisladores o gobernadores, Buenos Aires ha debido aceptar una disponibilidad de recursos escasos en comparación con otras provincias. Esta realidad se refleja directamente en la estructura del empleo público: por cada 1.000 habitantes, Tierra del Fuego cuenta con 141 empleados estatales, La Rioja con 111 (cifra similar a Catamarca y Santa Cruz), Mendoza con 45, Santa Fe con 41, mientras que Buenos Aires registra 38 y Córdoba 33.
El impacto de esta crisis llega hasta el bolsillo de los trabajadores. Quienes prestan servicios en salud, educación, seguridad y justicia en la provincia perciben salarios menores que aquellos que desempeñan la misma función al cruzar el Riachuelo o en otras jurisdicciones provinciales. Mientras que el Poder Legislativo mantiene un presupuesto desmesurado que supera cualquier necesidad funcional, los dependientes de tribunales, hospitales y comisarías carecen del poder adquisitivo de sus pares en otras provincias.
La crisis afecta a todas las concentraciones urbanas, incluyendo el Gran La Plata, exigiendo sacrificios personales crecientes a los bonaerenses. Existe la posibilidad de que parte de esta responsabilidad recaiga en una dirigencia política que cedió ingresos en beneficio de las denominadas "provincias pobres" o que no manifestó un reclamo conjunto ante la arbitrariedad en la distribución de fondos discrecionales, sin importar la orientación política del presidente de turno.
Esta inequidad fue planteada en su momento por el exgobernador Felipe Sola al entonces presidente Néstor Kirchner, a pesar de pertenecer a la misma agrupación política. No obstante, el planteo fue rechazado por otros gobernadores y ministros nacionales, quienes argumentaron que Buenos Aires simplemente reclamaba por sus antiguos privilegios.
Ante este panorama, surge la necesidad de cuestionar a los candidatos a legisladores provinciales y nacionales sobre cómo planean defender los intereses de sus votantes. La premisa es clara: si la provincia recibiera fondos proporcionales a lo que aporta, la situación del país sería distinta, ya que los bonaerenses han demostrado capacidad para producir y ser competitivos internacionalmente, siempre y cuando no carguen con la pesada estructura impuesta por el Estado Nacional. Finalmente, la gravedad de la situación se resume en la cifra estimada por la Provincia, que sostiene que el Gobierno nacional le adeuda casi 20 billones de pesos.
