Nueve integrantes de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados han remitido un informe en minoría a la Comisión de Constitución, en el cual recomiendan formalmente otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Esta propuesta sugiere que el Gobierno pueda legislar durante un periodo de 120 días en diversas materias estratégicas para el país.
El documento, al cual tuvo acceso el diario El Comercio, emite una opinión favorable y declara la viabilidad del proyecto impulsado por el Gobierno de Keiko Fujimori. Específicamente, el informe se centra en áreas críticas para el desarrollo económico y sectorial, detallando que la delegación de facultades debería aplicarse en las materias referidas a la minería y la formalización minera, así como en los sectores de hidrocarburos, la industria petroquímica y la electricidad.
Un punto fundamental resaltado en el informe en minoría es la delimitación de esta recomendación. El texto precisa que la opinión favorable se limita estrictamente a la viabilidad constitucional y sectorial de la delegación de funciones. En este sentido, los firmantes aclaran que este respaldo no implica una aprobación anticipada del contenido de los decretos legislativos que pudieran emitirse en el futuro. Por el contrario, se enfatiza que dichos decretos permanecerán sujetos al control parlamentario correspondiente, asegurando que el Congreso mantenga su capacidad de fiscalización sobre las normas dictadas por el Ejecutivo.
El informe en minoría cuenta con el respaldo de diversas fuerzas políticas. Entre los firmantes se encuentran seis congresistas pertenecientes a Fuerza Popular: Jaime Américo Abensur Pinasco, Nary Benvida Pinasco Montenegro, Geanmarco Antonio Quezada Castro, Kim Tami Muñoz Yurilmca, Ana Luisa Yuffra Lugo y José Marvin Palma Mendoza. Asimismo, el documento es suscrito por Frank Krklec Torres y Félix See Hung Chang Apuy, representantes de Renovación Popular, y por Milagros Karina Santana Vera, integrante del Partido del Buen Gobierno, quien además ejerce el cargo de secretaria del grupo de trabajo.
En declaraciones brindadas a El Comercio, el parlamentario Frank Krklec explicó la finalidad de este movimiento. Según Krklec, la opinión en minoría ha sido enviada a la Comisión de Constitución con el objetivo de que sea debidamente tomada en cuenta al momento de elaborar el predictamen final. El congresista subrayó que hubo legisladores de Fuerza Popular y Renovación Popular que se opusieron a la decisión mayoritaria de la comisión, razón por la cual decidieron presentar su propia postura firmada por todos los miembros de sus respectivas bancadas en dicho grupo, además de la secretaria.
Esta postura minoritaria contrasta drásticamente con la decisión tomada previamente por el pleno de la Comisión de Energía y Minas. El pasado martes 8 de septiembre, dicha comisión, bajo la presidencia de Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), aprobó por mayoría un informe que concluía que no resultaba viable delegar las facultades solicitadas. Esta decisión fue respaldada por los votos de los representantes de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y la adhesión de Milagros Santana.
La resistencia a otorgar facultades legislativas al Ejecutivo no se limita únicamente a la Comisión de Energía y Minas. Otras instancias parlamentarias, como las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte; Producción; Trabajo y Ciencia; y Justicia, también han rechazado la propuesta gubernamental. A este grupo de rechazo podría sumarse próximamente la Comisión de Economía. De acuerdo con el informe de este grupo de trabajo, al que El Comercio tuvo acceso, también se concluye que no es viable otorgar las facultades solicitadas, aunque el documento aún no ha sido sometido a votación oficial. De votar en el mismo sentido, Economía sería la séptima comisión en pronunciarse en contra.
Todas estas opiniones consultivas han sido remitidas a la Comisión de Constitución, que es la instancia encargada de redactar el predictamen que será debatido y votado en el pleno de la Cámara baja. La presidenta de dicha comisión, Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), fue quien solicitó la opinión de doce comisiones parlamentarias diferentes. Hasta el momento, los resultados muestran un fuerte rechazo, ya que únicamente dos de las doce comisiones —Ambiente y Defensa Nacional— han emitido informes favorables a la solicitud del Poder Ejecutivo.
