La diputada Catherin Palomino, integrante de la bancada Juntos por el Perú (JP), ha presentado un proyecto de ley que busca endurecer drásticamente las sanciones para los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que incurran en delitos graves. La propuesta legislativa tiene como objetivo principal imponer la pena de cadena perpetua a aquellos agentes que utilicen su cargo, las funciones asignadas o los recursos proporcionados por el Estado para combatir el crimen como herramientas para delinquir.
Esta iniciativa surge como respuesta a una serie de escándalos recientes que involucran a efectivos policiales en actividades ilícitas, tales como la solicitud de coimas, secuestros y extorsiones. En el sustento del proyecto, la congresista Palomino argumentó que estas conductas no solo representan una infracción a la ley, sino que "quebrantan la legalidad" y "traicionan la Constitución", debido a que el agente policial pone al servicio de la criminalidad los mismos instrumentos que el Estado le confió para garantizar la seguridad ciudadana.
Es importante precisar que el proyecto de ley no pretende la creación de nuevos tipos penales. En su lugar, propone la modificación del artículo 46-A del Código Penal, el cual ya contempla penas mayores para los funcionarios públicos que se aprovechen de su cargo para cometer delitos. La modificación propuesta se centra específicamente en la consecuencia jurídica para un grupo determinado de delitos cometidos por policías. De aprobarse, si un efectivo policial, en el ejercicio de sus funciones o excediéndose en ellas, comete delitos como homicidio, asesinato, feminicidio, sicariato, secuestro, extorsión o corrupción agravada, entre otros, la sanción sería la cadena perpetua, sin admitir excepciones.
Además de los delitos cometidos en servicio activo, la propuesta legislativa extiende su alcance a otros escenarios críticos. Uno de ellos se refiere a los policías que, encontrándose ya privados de su libertad en un centro penitenciario, utilicen su influencia o redes para ordenar la comisión de delitos tales como el tráfico de drogas, lavado de activos, trata de personas o extorsión. Asimismo, el proyecto contempla sanciones agravadas para aquellos efectivos que cometan delitos sexuales, homicidios o robos mientras se hacen pasar por choferes o cobradores de transporte público o mototaxis. En estos dos escenarios específicos, la pena podría incrementarse hasta en un tercio sobre el máximo legal establecido.
El proyecto se apoya en datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Según el informe citado en la exposición de motivos, la percepción ciudadana refleja que la corrupción y la delincuencia son los problemas más graves del país, con un respaldo del 58,7% y 50%, respectivamente. Sin embargo, el dato más alarmante incluido en el texto es el nivel de desconfianza de la ciudadanía hacia la Policía Nacional del Perú, que alcanza el 82,9%.
Para justificar la necesidad de este cambio normativo, el documento detalla diversos casos recientes de criminalidad policial. Se menciona que en junio de 2026, la Fiscalía detuvo a nueve policías de la comisaría de Vitarte, quienes estaban acusados de exigir coimas a conductores en la Carretera Central para evitar la aplicación de papeletas. El proyecto señala que algunos de los intervenidos habrían sido obligados a retirar dinero de cajeros automáticos al no portar efectivo en el momento. En el mismo mes, cinco efectivos en Ica fueron detenidos por presuntamente cobrar dinero a cambio de otorgar permisos irregulares para faltar al servicio.
Asimismo, se cita el caso de "Los Incorregibles de San Juan de Miraflores" de agosto de 2025, donde nueve integrantes de la PNP, ocho de ellos en actividad, fueron investigados por sembrar drogas y armas a ciudadanos para posteriormente cobrarles dinero a cambio de su libertad. El texto también resalta la condena de siete años y seis meses contra el suboficial Paul Galarza, integrante de una banda de extorsión que presionaba a sus víctimas para evitar denuncias.
Otros episodios graves incluyen el secuestro del empresario colombiano Juan Mauricio Padilla en agosto de 2025 en Lima, donde habrían participado policías que usaron recursos de su función para exigir un rescate de aproximadamente 400 mil dólares en criptomonedas. Finalmente, se menciona la red "Los Charlys de Pucallpa", donde dos policías en actividad recibieron prisión preventiva en junio por secuestro y extorsión mediante intervenciones falsas.
La propuesta de la diputada Palomino no es un esfuerzo aislado. El proyecto hace referencia a otras iniciativas previas: una de 2023 que buscaba elevar penas para policías y militares colaboradores de organizaciones criminales, y otra de octubre de 2025 relacionada con la tenencia ilegal de armas. También menciona una propuesta de agosto del presente año orientada a derogar la Ley 32735 para que los delitos cometidos por policías y militares vuelvan a ser juzgados por la justicia ordinaria. La congresista concluye asegurando que la modificación al artículo 46-A no afecta las competencias del Ministerio Público ni del Poder Judicial, y que su implementación no generaría gastos adicionales para el Estado.
