Una fuerte controversia sacude los pasillos del Banco Nación (BNA) tras revelarse una serie de presiones irregulares para el otorgamiento de un crédito superior a los 52.600 millones de pesos. El conflicto central gira en torno a Pablo Pourrere, gerente de la Gerencia Zonal Atlántica, quien se negó a firmar el financiamiento destinado a un desarrollo inmobiliario en Mar del Plata, lo que derivó, según la denuncia, en un traslado punitivo a más de 1.300 kilómetros de su hogar.
La operación financiera estaba destinada a Jardines de Chauvín SA, una sociedad constituida en junio de 2024 que, al momento de la solicitud, no contaba con obras previas, no presentaba ingresos declarados y mantenía un balance en rojo. A pesar de estas señales de alerta, la Casa Central del banco en Buenos Aires promovió que la Gerencia Zonal Atlántica concretara la firma del crédito. Pourrere manifestó su rechazo por escrito, fundamentando su decisión en la falta de solvencia y las inconsistencias técnicas del proyecto. Seis días después de formalizar su negativa, el gerente fue notificado de su traslado a la provincia de Santa Fe, en una sucursal de categoría inferior.
La situación llegó a la Justicia federal de Mar del Plata, donde el juez subrogante Bernardo Bibel concedió una medida cautelar que suspendió el traslado. El magistrado consideró que la medida "prima facie no se encontraría debidamente fundado en razones objetivas y técnicas". En su resolución, Bibel destacó las "múltiples inconsistencias, groseras y de suma gravedad" denunciadas por Pourrere, así como las deficiencias detectadas por la propia auditoría interna del banco y las presuntas presiones indebidas ejercidas desde la sede central.
El foco de la polémica se intensifica al analizar la composición de la empresa beneficiaria. El socio mayoritario de Jardines de Chauvín SA, con el 90% de las acciones, es Mariano Jinkis. El empresario, junto a su padre Hugo Jinkis, admitió recientemente en Estados Unidos haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano entre 2010 y 2015 en el marco de la investigación global conocida como "FIFAgate". Jinkis firmó un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. que incluye el pago de 50 millones de dólares.
Las irregularidades en el proceso de otorgamiento del crédito fueron detalladas en un informe de auditoría interna. Se descubrió que el Banco Nación no fue contactado por los desarrolladores, sino que la entidad fue quien buscó activamente al estudio de arquitectos Mariani Pérez Cañadas para facilitar el contacto con Jardines de Chauvín. Además, el proceso estuvo plagado de errores técnicos: en la documentación remitida a Mar del Plata, se consignaron obras realizadas por la empresa en 2014, 2017, 2020 y 2021, lo cual resultaba materialmente imposible dado que la sociedad fue creada recién en 2024.
Otro punto crítico fue la confusión en los montos. Una tasación externa de Serinco SRL valoró el proyecto en 35,6 millones de dólares, lo que equivalía a 52.638 millones de pesos. Sin embargo, desde Buenos Aires remitieron inicialmente un documento donde tomaron los dólares como pesos, planteando un costo de 35.600 millones. Aunque el error fue corregido el mismo día, el documento rectificado no fue enviado a la gerencia de Mar del Plata durante semanas. Asimismo, se demoró el envío de un informe de "debida diligencia" que alertaba sobre los riesgos reputacionales vinculados a Mariano Jinkis y recomendaba criterios reforzados de control.
Mientras Pourrere resistía la firma, recibía desde la Casa Central un "modelo de resolución" para avanzar con el crédito, incluyendo la apertura de cuentas y tarjetas para los socios. Fue en este contexto de presión donde se notificó el traslado del gerente, una resolución firmada por todo el directorio del BNA con fecha 20 de febrero, pero comunicada recién el 25 de marzo. A diferencia de otros empleados trasladados que fueron ascendidos o mantenidos en su categoría, Pourrere fue descendido de nivel.
Desde el Banco Nación han defendido su proceder, asegurando que el traslado y la tramitación del crédito fueron "actuaciones que transitaron por carriles institucionales independientes". La entidad remarcó que finalmente el crédito fue denegado el 18 de mayo debido a factores de riesgo reputacional e integridad.
El informe final de auditoría del 8 de junio confirmó que el proyecto presentaba debilidades en la documentación de respaldo, ausencia de experiencia comprobable en construcción y falta de evidencia del vínculo entre el estudio de arquitectos y la sociedad. Los auditores advirtieron sobre el riesgo de un "inadecuado otorgamiento de préstamo" y posibles pérdidas económicas para la institución. Pese a esto, el banco mantuvo la orden de traslado de Pourrere a Reconquista, ordenándole ocupar el puesto en agosto, decisión que hoy permanece suspendida por orden judicial.
