La investigación judicial sobre un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha sumado un nuevo elemento clave en su desarrollo. El fiscal federal Franco Picardi ha citado a declarar a Nadia Beller para el próximo 23 de septiembre. El objetivo primordial de este testimonio es profundizar en diversos aspectos que han surgido a raíz de las grabaciones de audio que dieron origen al expediente judicial.
La convocatoria a Beller no es un hecho aislado, sino que responde a una serie de declaraciones públicas que la mujer realizó en diversas entrevistas periodísticas. En dichas intervenciones, Beller aseguró poseer información relevante vinculada al origen de las grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, quien se desempeñó como titular de la ANDIS. Debido a que la mujer se encuentra fuera del territorio argentino, el fiscal Picardi tuvo que recurrir a un exhorto internacional para lograr su localización y posterior citación en Bolivia.
La relevancia de este testimonio se potencia al considerar que Fernando Cerimedo, expareja de Beller y exasesor de La Libertad Avanza, ya ha brindado su declaración ante el fiscal Picardi en septiembre de 2025. Durante su comparecencia, Cerimedo proporcionó detalles sensibles sobre el funcionamiento interno de la agencia, afirmando que Spagnuolo le había relatado la existencia de un presunto mecanismo de retornos vinculado a la compra de medicamentos.
Un punto crítico de la declaración de Cerimedo fue la mención de una comunicación directa con la máxima autoridad del Ejecutivo. Según el testimonio, Spagnuolo habría asegurado haber informado personalmente al presidente Javier Milei sobre esta situación irregular durante una conversación mantenida en la Quinta de Olivos. Asimismo, Cerimedo vinculó al entonces dirigente libertario Eduardo “Lule” Menem al referirse al supuesto circuito de las coimas.
Ante este escenario, la fiscalía busca ahora conocer de primera mano la información que posee Beller y, fundamentalmente, el contenido de las conversaciones que mantuvo con Cerimedo en relación con los audios y su posterior difusión. El testimonio busca llenar vacíos informativos sobre cómo llegaron estas grabaciones al dominio público y quiénes estuvieron involucrados en el proceso.
La incorporación de Beller al expediente judicial fue impulsada inicialmente por los planteos realizados por la defensa de Diego Spagnuolo. Durante la discusión judicial sobre el análisis técnico de las grabaciones, el abogado Mauricio D’Alessandro utilizó las declaraciones públicas de la mujer para cuestionar el origen de los registros sonoros. La defensa sostuvo la posibilidad de que el material hubiera sido intervenido, poniendo en duda su autenticidad.
En este sentido, la defensa de Spagnuolo planteó que Cerimedo le habría hablado a Beller sobre una supuesta tarea de inteligencia relacionada específicamente con la filtración de los audios. Para el abogado D’Alessandro, este antecedente representaba un argumento sólido para respaldar sus cuestionamientos sobre la integridad del material probatorio presentado en la causa.
A pesar de estos planteos, el juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido para frenar el peritaje de las grabaciones. El magistrado permitió que continúe el análisis técnico, encomendando la tarea a la Gendarmería Nacional. El cuerpo de seguridad trabaja actualmente sobre los archivos digitales para determinar si presentan cortes, ediciones u otras modificaciones, con el fin de establecer con certeza el origen y la autenticidad de los audios.
Por su parte, desde la fiscalía se ha enfatizado que la investigación no se apoya exclusivamente en las grabaciones sonoras. El expediente judicial reúne un conjunto más amplio de evidencia que incluye documentación, teléfonos secuestrados y elementos obtenidos durante distintos allanamientos. Todas estas pruebas están siendo analizadas conjuntamente con el resto del material para esclarecer el presunto entramado de corrupción.
Mientras la causa avanza en Argentina, Fernando Cerimedo enfrenta una situación judicial compleja en el exterior. El exasesor permanece detenido en Bolivia, donde enfrenta una causa por el presunto intento de femicidio de Nadia Beller. Su situación legal en territorio boliviano se desarrolla en paralelo a la investigación sobre la corruption en la ANDIS, donde su testimonio previo sigue siendo una pieza central del proceso judicial.
