El arranque oficial del proceso electoral 2026-2027, encargado de organizar la renovación de más de 20 mil cargos públicos en México, incluyendo la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, se transformó en un escenario de fuertes advertencias, críticas y acusaciones de negligencia dentro del Instituto Nacional Electoral (INE). Lo que inició como una ceremonia formal terminó evidenciando un "choque de trenes" público en la máxima instancia de decisión del organismo, donde no solo la oposición, sino diversos consejeros, expresaron preocupaciones sobre la credibilidad y autonomía de la institución.
La jornada comenzó antes de las 8:00 horas en la explanada del instituto con la asistencia de mandos electorales y líderes partidistas. Una de las novedades del evento fue la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien acudió en representación de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por la consejera y presidenta del INE, Guadalupe Taddei. El acto siguió el protocolo habitual con honores a la bandera y el Himno Nacional, cerrando con un llamado de Taddei a los actores políticos para respetar la ley y conducir sus disputas a través de las vías institucionales.
Sin embargo, al trasladarse al salón de sesiones, la atmósfera cambió. Se observó un cambio en la identidad visual del organismo, que sustituyó el rosa mexicano por un tono lila. En la "herradura de la democracia" se encontraban listos para intervenir Alejandro Moreno, líder del PRI, y Ariadna Montiel, presidenta de Morena. En este marco, se llevó a cabo la toma de protesta de Roberto Félix López como nuevo encargado de la secretaría ejecutiva, quien se convierte en el sexto funcionario en ocupar el cargo en tres años y medio. Este nombramiento fue recibido con sarcasmo por Alejandro Moreno, quien cuestionó la estabilidad del puesto en alusión a la salida repentina de Claudia Espino el día previo.
La tensión escaló cuando el consejero Arturo Castillo, conocido por su perfil técnico y moderado, lanzó una dura crítica al desempeño institucional. Castillo advirtió que el contexto actual constituye el escenario perfecto para una elección cuestionada. El consejero señaló que, mientras los partidos políticos incumplen la normativa, el árbitro electoral se mantiene "inactivo, omiso y opaco". Específicamente, recriminó la falta de lineamientos para regular las llamadas "pre-precampañas" y la ausencia de reglas para frenar los actos anticipados, lo que permite que gobiernos y partidos se inmiscuyan en la organización y observación de los comicios.
Castillo subrayó que el INE parece haber claudicado en su función de vigilar y arbitrar las elecciones, situación que se ve agravada por la tendencia del Poder Legislativo a reducir el presupuesto del organismo mientras se le asignan más responsabilidades. Como prueba de la pérdida de contrapesos internos, el consejero reveló que en lo que va del año se han nombrado 12 directivos sin el consentimiento del Consejo General y se han despedido a 836 personas. Estas omisiones, según Castillo, afectarán la equidad de la contienda y la confianza ciudadana en los resultados.
La reacción dentro del Consejo General fue inmediata. Mientras los consejeros Carla Humphrey y Martín Faz se sumaron a las alertas, Frida Gómez, quien suele votar en el bloque de la presidencia del instituto, rechazó las críticas. Gómez calificó las advertencias como "infamia" y sugirió que quienes critican al órgano son enviados de intereses ajenos que buscan distorsionar la realidad para mostrar al INE como una institución parcial.
La discusión fue alimentada por los representantes partidistas. Alejandro Moreno, por parte del PRI, denunció la existencia de "neodelitos electorales" y la participación del crimen organizado en elecciones locales, cuestionando si los consejeros serán recordados como defensores de la democracia o como quienes se doblaron ante el poder. Por su parte, Ariadna Montiel, líder de Morena, recordó los fraudes electorales de 1988, 2006 y 2012 perpetrados por el "viejo régimen". Montiel afirmó que la oposición carece de autoridad moral y legitimidad popular, aunque expresó su confianza en que el INE protegerá la voluntad ciudadana basándose en la legalidad.
Al finalizar las intervenciones, la presidenta Guadalupe Taddei intentó enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. La consejera contextualizó las críticas como parte natural de las campañas electorales y aseguró que el organismo no se dejará mangonear, coaccionar ni extorsionar por ningún actor político. Taddei concluyó la sesión afirmando que no hará caso de los "malos augurios" y que el instituto mantendrá su papel independiente.
