En una operación ejecutada sin previo aviso, las autoridades colombianas llevaron a cabo una intervención estratégica en el Centro de Detención Transitorio de Barrancabermeja, ubicado en el departamento de Santander. La diligencia, que consistió en registros exhaustivos e intervenciones directas, fue liderada por unidades especializadas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, quienes actuaron en estrecha coordinación operativa con la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
Esta acción institucional se enmarca dentro de una estrategia de investigación penal más amplia, cuyo objetivo principal es desmantelar los núcleos de extorsión que han logrado establecerse y operar desde el interior de los establecimientos de reclusión en la zona del Magdalena Medio. Según el reporte oficial, las operaciones judiciales se centraron específicamente en identificar y neutralizar a los integrantes del grupo delincuencial autodenominado "Los de la M", una estructura que utilizaba la seguridad del recinto penitenciario como escudo para sus actividades criminales.
De acuerdo con el expediente fiscal, los miembros de esta organización criminal habían convertido las instalaciones del centro de detención en un centro de mando logístico. Desde allí, coordinaban los cobros extorsivos dirigidos a diversos sectores de la población civil en la región, afectando principalmente a comerciantes, transportadores y residentes locales. Las investigaciones preliminares, sustentadas en labores de inteligencia, permitieron a los organismos del Estado establecer con precisión los mecanismos de intimidación que los procesados empleaban dentro del recinto penal para mantener el control sobre sus víctimas.
El modus operandi de la banda, según las denuncias recolectadas por los investigadores, se basaba en el uso intensivo de la tecnología. La organización realizaba exigencias económicas mediante llamadas telefónicas constantes y videollamadas. Durante estas comunicaciones, los delincuentes simulaban tener un control territorial absoluto sobre zonas tanto urbanas como rurales de la región, una táctica diseñada para generar terror en las víctimas y forzarlas al pago de cuotas periódicas.
Las pesquisas judiciales evidenciaron que este esquema de coacción carcelaria no era un evento aislado, sino que representaba un flujo constante y significativo de capital para la estructura criminal. La Fiscalía General de la Nación detalló el impacto financiero de estas actividades, señalando que las evidencias indican que "Los de la M" recaudarían aproximadamente 96 millones de pesos mensuales. Este dinero era obtenido a través de la intimidación sistemática y las exigencias económicas impuestas a sus víctimas en la región.
El análisis realizado por el ente de control determinó que estos ingresos generados mediante la extorsión carcelaria funcionaban como el principal soporte económico para sostener la operatividad de la banda fuera del establecimiento penitenciario. En otras palabras, el Centro de Detención Transitorio de Barrancabermeja servía como el motor financiero para ejecutar operaciones complejas en el exterior.
Las autoridades confirmaron que los dividendos ilícitos obtenidos no permanecían estáticos, sino que eran inyectados en otras rentas criminales de la zona. Específicamente, los recursos eran destinados a financiar la ejecución de homicidios selectivos, la adquisición de armamento y el tráfico de sustancias estupefacientes en diversos sectores del municipio de Barrancabermeja, agravando la situación de seguridad en la localidad.
Durante la fase operativa de la diligencia, el personal del CTI y la Fuerza Pública realizaron inspecciones técnicas minuciosas en las celdas y en las áreas comunes del centro transitorio. Como resultado de estos registros, se logró la incautación de un importante cargamento de elementos prohibidos que eran fundamentales para la operatividad de la red.
El balance final del procedimiento arrojó la confiscación de 20 teléfonos celulares, 23 cargadores para dispositivos móviles, 18 armas cortopunzantes y 11 tarjetas SIM. Todos estos elementos han quedado incorporados como prueba material dentro del proceso de judicialización que se adelanta contra la estructura criminal de "Los de la M", buscando asegurar que los responsables respondan legalmente por los delitos de extorsión y la financiación de otras actividades ilícitas.
