El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha recurrido ante el Supremo Tribunal Federal para exigir la suspensión inmediata del apartamiento de Andrei Rodrigues, director general de la Policía Federal. La decisión, tomada por el magistrado André Mendonça, fue impugnada por la Abogacía General de la Unión, que argumenta que solo el presidente tiene la facultad constitucional para nombrar o destituir al jefe de la corporación. Según el gobierno, la medida de Mendonça genera un riesgo de desorganización institucional y una grave lesión al orden público.
El conflicto se desató tras la decisión de Mendonça de apartar también al director de Inteligencia Policial, alegando indicios de un monitoreo sistemático e ilegal contra su actuación. Este episodio surge de informes de la Policía Federal que, según el magistrado, fueron utilizados indebidamente por su colega Alexandre de Moraes para solicitar una investigación contra Mendonça por presunto abuso de autoridad.
El trasfondo de esta crisis es el escándalo del Banco Master, calificado como el mayor fraude del sistema financiero brasileño, con un agujero patrimonial de 52.000 millones de reales. Las investigaciones de la Operación Compliance Zero apuntan a una red de corrupción que incluye la vigilancia ilegal de autoridades y periodistas.
Aunque la votación en la Segunda Sala del Supremo marchaba tres a cero a favor de mantener la suspensión de Rodrigues, el ministro Gilmar Mendes pidió vista del expediente, lo que ha suspendido el juicio colegiado. La disputa se desarrolla a menos de un mes de las elecciones de octubre, en un momento crítico donde se define el control de la cúpula policial y la tensión entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
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