Las balas impactando en los techos. Ese fue el momento decisivo para una abuela de 66 años que decidió abandonar su hogar tras casi 20 años viviendo en la misma urbanización. Ella es solo una de las más de 300,000 personas en Ecuador que han huido de sus hogares en los últimos tres años debido a la violencia, según datos de ACNUR y la Defensoría del Pueblo.
Ecuador ocupa ahora el tercer lugar en la región con mayor índice de desplazamiento interno por violencia, después de Haití y Colombia. En distritos como Nueva Prosperina, en Guayaquil, la lucha entre facciones criminales como Los Tiguerones ha dejado un rastro de muerte y terror. Las familias enfrentan amenazas de muerte, extorsiones y el riesgo constante de que sus hijos sean reclutados por las bandas.
La extorsión se ha convertido en un mecanismo de control sistemático. Para muchos, un mensaje de WhatsApp tiene el mismo impacto que una bomba. En algunos barrios, los residentes sienten que viven como presos en sus propias casas, mientras las bandas utilizan las viviendas para esconder víctimas de secuestro y controlan estrictamente la entrada y salida de las personas.
A pesar de la estrategia del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen, organizaciones de derechos humanos advierten que la fragmentación de las bandas tras el arresto de líderes ha agravado la violencia. Además, existe un vacío legal crítico: en Ecuador no existe la figura jurídica de desplazamiento forzoso interno por motivos de violencia, lo que dificulta la protección y asistencia a las víctimas.
El fenómeno se extiende desde la frontera con Colombia hasta la Amazonía, dejando a miles de familias en la incertidumbre.
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