Este martes 8 de septiembre, la Ciudad de Guatemala y diversos puntos del país registraron jornadas de manifestaciones y bloqueos de carreteras, motivadas por el descontento ante el incremento en los precios de los combustibles. Diversas organizaciones sociales, entre las que destacan los 48 Cantones de Totonicapán y la Municipalidad Indígena de Sololá, se movilizaron para exigir medidas que mitiguen el impacto económico de este alza en la población. A estas acciones también se sumaron pilotos de taxis y mototaxis, quienes informaron su intención de integrarse a las movilizaciones que se desplazan por la capital.
En el ámbito legislativo, el Congreso de la República ha dado pasos significativos para abordar la crisis. Con 134 votos a favor, los diputados aprobaron modificar el orden del día para conocer, con carácter de urgencia nacional, la iniciativa 6844. Esta propuesta, impulsada por el Ejecutivo, plantea establecer un precio máximo por galón de diésel y gasolina regular de Q39, mientras que para la gasolina súper se propone un tope de Q41. La iniciativa consta de 14 artículos y contempla la creación de un fondo de Q2 mil 500 millones para poder implementar estas medidas de control de precios.
A pesar de los avances en el Congreso, la tensión política persiste. El presidente Bernardo Arévalo sostuvo una reunión con autoridades indígenas, pero el encuentro concluyó sin resultados definitivos. Mientras el Gobierno insiste en la implementación de un esquema de precios tope mediante la iniciativa mencionada, las organizaciones de Totonicapán y Sololá proponen una solución distinta: la eliminación de impuestos. Los líderes indígenas han solicitado la suspensión temporal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para todos los combustibles.
Durante los diálogos, los representantes indígenas señalaron que los subsidios actuales no han sido eficientes y que, de aplicarse, el beneficio debería enfocarse directamente en el consumidor final y no en otros sectores. Asimismo, han instado al presidente Arévalo a ejecutar el presupuesto de manera más eficiente para encontrar vías de apoyo a la población. Entre sus demandas también se incluye la investigación y sanción de los abusos en las tarifas del transporte colectivo y la revisión del abastecimiento de combustible en zonas como Totonicapán, donde se reportó que las gasolineras solo ofrecen gasolina regular con etanol, afectando la disponibilidad de la mezcla E10 y de gasolina superior.
La situación de movilización ha generado afectaciones considerables en la infraestructura vial. En la carretera CA-1 Occidente, específicamente en el kilómetro 252.5 en Piedras Negras, Huehuetenango, se registró un bloqueo que interrumpió el paso durante aproximadamente siete horas, desde las 10:30 hasta las 17:37 horas. En la Ciudad de Guatemala, también se reportó un bloqueo en la 8.ª avenida, entre la 9.ª y 10.ª calle de la zona 1. Cerca del Congreso de la República, unas 300 personas, incluidos líderes de mercados, permanecieron en las afueras para presionar por una decisión legislativa, reportándose intentos de impedir la salida de trabajadores del recinto parlamentario.
Ante la amenaza de que las protestas se extiendan hacia puntos estratégicos, como los accesos al Aeropuerto Internacional La Aurora, diversos sectores empresariales han expresado su rechazo. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara de Industria de Guatemala emitieron comunicados condenando las amenazas de paralizar infraestructuras clave. El CACIF informó que presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para garantizar la libre locomoción y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por su parte, el presidente Arévalo rechazó de forma categórica los bloqueos de carreteras y la posibilidad de afectar el acceso al aeropuerto, argumentando que tales medidas atentan contra la libertad de circulación de personas que no tienen relación con el reclamo, como trabajadores o pacientes que necesitan trasladarse a hospitales. Mientras tanto, los líderes de los 48 Cantones y de Sololá advirtieron que, de no ser tomadas en cuenta sus demandas de retiro de impuestos o de un fondo de compensación a mediano y largo plazo, podrían tomar "acciones de hecho" como medida de última instancia.
