Tras un periodo de casi un año y medio de silencio absoluto frente a los medios de comunicación y la opinión pública, Sandra Ortiz, quien se desempeñó como consejera para las regiones en la Presidencia de la República, ha decidido romper su reserva. En una entrevista concedida al medio CAMBIO, la exfuncionaria ha puesto sobre la mesa una serie de señalamientos directos y cuestionamientos profundos que involucran a figuras clave del entorno gubernamental y judicial, mencionando específicamente a Gustavo Petro, Luz Adriana Camargo, Laura Sarabia y Carlos Ramón González.
La intervención de Ortiz no es un simple descargo, sino una defensa frontal de su inocencia en medio de uno de los procesos judiciales más mediáticos y complejos de la actualidad: el macro caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La exconsejera presidencial ha sido enfática al asegurar que cuenta con pruebas sólidas para demostrar que el proceso legal que se sigue en su contra no tiene como objetivo la búsqueda de la verdad, sino que ha sido diseñado como una "cortina de humo". Según su testimonio, esta estrategia judicial buscaría desviar la atención de la opinión pública y proteger a quienes ella identifica como los verdaderos responsables del saqueo ocurrido en la UNGRD.
Uno de los puntos neurálgicos de su denuncia se centra en la gestión de la Fiscalía General de la Nación, liderada por Luz Adriana Camargo. Ortiz cuestiona severamente la calidad de la construcción probatoria en el caso de la UNGRD. Según la exfuncionaria, a pesar de que este proceso ha contado con el mayor despliegue de personal y el uso de herramientas tecnológicas más avanzadas bajo la administración de Camargo, los resultados presentan fallas críticas. Ortiz sostiene que la investigación tiene "grietas y errores" que son tan evidentes que exceden cualquier margen razonable de buena fe procesal.
En el caso particular de los cargos que pesan sobre ella, Sandra Ortiz denuncia una irregularidad fundamental: la imputación basada en lo que ella califica como un contrato falso. Para la exconsejera, la base legal que sostiene su implicación en el escándalo de la UNGRD carece de veracidad. A esto se suma la crítica hacia el testimonio de Pedro Castro, conocido en el proceso como el “prestamista”. Ortiz asegura, respaldada por diversas fuentes involucradas en el proceso, que Castro no es un testigo genuino, sino un "testigo fabricado" cuyas versiones son calificadas como una "fantasía".
La exconsejera presidencial plantea que la narrativa construida por los entes investigadores es artificial. Al señalar que el testimonio de Pedro Castro es una invención, Ortiz pone en duda la legitimidad de toda la línea de investigación que la vincula con el saqueo de los recursos destinados a la gestión del riesgo. La implicación de figuras como Laura Sarabia y Carlos Ramón González en su relato sugiere que existe una red de influencias y decisiones que habrían llevado a la creación de este montaje judicial.
Desde la perspectiva de Sandra Ortiz, el contraste entre los recursos invertidos por la Fiscalía y la calidad de las pruebas es alarmante. Argumenta que no es posible que, con tal despliegue de capacidad investigativa, se llegue a imputaciones basadas en documentos falsos y testimonios fabricados, a menos que exista una intención deliberada de ocultar a los autores intelectuales y materiales del desfalco.
Con este pronunciamiento, Ortiz busca no solo limpiar su nombre, sino también exponer lo que considera una manipulación del sistema judicial. Al defender su inocencia y afirmar que posee las evidencias necesarias para desmentir los cargos, la exconsejera presidencial posiciona su caso como el ejemplo de una investigación fallida o direccionada, trasladando el foco de la discusión desde su presunta responsabilidad hacia la gestión de la Fiscalía y el entorno cercano al presidente Gustavo Petro.
