¿Qué sucede cuando la presencia de niños en campamentos criminales limita la acción militar del Estado? Esta es la interrogante que plantea Carolina Restrepo, directora del ICBF, tras una medida cautelar del Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare. Dicha medida ordena suspender temporalmente ciertos bombardeos cuando exista información objetiva sobre la presencia de menores de edad.
Para Restrepo, el verdadero problema comienza mucho antes de cualquier operación militar. La directora sostiene que el Estado tiene la obligación de identificar las zonas de riesgo, atender las alertas tempranas y actuar preventivamente contra quienes captan, amenazan o utilizan a los niños.
En un mensaje contundente, Restrepo afirmó que un menor no llega por casualidad a un campamento de una organización criminal. Según la funcionaria, esto es la consecuencia de reclutadores, engaños, presiones, familias rotas, escuelas abandonadas y comunidades intimidadas.
Sin embargo, la directora lanzó una advertencia crítica: si la presencia de menores en estos campamentos hace más difícil el accionar militar contra las estructuras criminales, los grupos armados podrían encontrar un incentivo para reclutar a más niños. Esto convertiría a la infancia en una especie de escudo frente a la Fuerza Pública, lo que serviría para engrosar filas, intimidar territorios y prolongar la guerra.
Finalmente, la directora del ICBF aseguró que no debe existir una elección entre proteger a la niñez y perseguir a los grupos armados; ambas obligaciones deben cumplirse simultáneamente, siguiendo la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario. Para Restrepo, la pregunta fundamental no es sobre el bombardeo, sino sobre cómo llegó el menor allí y por qué el criminal llegó primero mientras el Estado fallaba.
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