El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, ha anunciado la implementación de una serie de medidas estratégicas destinadas a restablecer el orden interno en cinco centros penitenciarios del país, los cuales han sido declarados en estado de emergencia. Esta disposición busca abordar la problemática de los penales que albergan a reos de alta peligrosidad a través de un enfoque integral que prioriza la inteligencia y la disciplina sobre las intervenciones tradicionales.
Una de las piedras angulares de esta nueva política es el despliegue de labores de inteligencia al interior de las prisiones. El titular del sector precisó que el objetivo es alejarse de la práctica habitual de realizar requisas únicamente para proyectar una imagen de eficiencia. Según Álvarez Miranda, la prioridad actual es comprender la dinámica real que ocurre dentro de los recintos, lo que permitirá identificar a los funcionarios con vocación y detectar a aquellos que actúan de manera incorrecta. El ministro enfatizó que, sin un conocimiento preciso de lo que sucede internamente, no es posible ejecutar una labor efectiva de control.
Para lograr este objetivo, el gobierno integrará la inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con las capacidades operativas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Esta sinergia busca erradicar la condición de las cárceles como "universidades del delito", transformándolas en espacios donde el Estado recupere el control absoluto. El ministro señaló que la convicción del gobierno es convertir estos recintos en verdaderos centros de rehabilitación que beneficien tanto a la sociedad como a los propios internos.
Otro pilar fundamental de la estrategia es la redistribución de la población penitenciaria. El ministro de Justicia sostuvo que es imperativo establecer una distribución correcta de los internos basada en la naturaleza de los delitos cometidos y el nivel de peligrosidad. Como ejemplo, mencionó el caso del penal El Milagro en Trujillo, señalando que no es aceptable que personas que han cometido delitos con ferocidad o que pertenecen a bandas criminales convivan con internos que no han cometido hechos de sangre.
En este sentido, el plan contempla el traslado de internos de peligrosidad real hacia penales que cuenten con las condiciones adecuadas, funcionarios capacitados y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Para el titular de Justicia, el orden es la condición indispensable para cualquier proceso de rehabilitación; sin orden, no hay posibilidad de reintegración social.
Respecto a los beneficios penitenciarios, el ministro anunció que estos serán otorgados de manera diferenciada. Basándose en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Álvarez Miranda aclaró que los beneficios penitenciarios no constituyen derechos inherentes de los internos, sino beneficios que pueden ser condicionados. Por lo tanto, el otorgamiento de los mismos dependerá estrictamente del tipo de delito cometido, el comportamiento del reo y su sometimiento al orden impuesto por los funcionarios.
Una medida particular y rigurosa será la aplicación de sanciones colectivas para los miembros de organizaciones criminales. Si una banda criminal comete delitos mientras algunos de sus integrantes están recluidos, los internos pertenecientes a dicha organización perderán sus beneficios penitenciarios hasta nuevo aviso, pudiendo extenderse esta restricción por periodos de dos o tres meses. Esta medida busca imponer una disciplina severa y enviar un mensaje claro sobre la capacidad coercitiva del Estado al interior de los centros penales.
El ministro concluyó que la implantación del poder del Estado en las cárceles es fundamental para garantizar la seguridad ciudadana y llevar a cabo una lucha efectiva contra el crimen organizado.
Estas declaraciones se dan en el marco del Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, mediante el cual el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en los penales de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro (Lima), Ancón I (Lima) y Trujillo Varones (La Libertad). Esta medida tiene una vigencia de 60 días calendario y otorga a la Policía Nacional el control del orden interno con el respaldo de las Fuerzas Armadas. La declaratoria comprende el perímetro exterior de los recintos, hasta un radio de doscientos metros, zona en la cual quedan suspendidos constitucionalmente los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.
