El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha confirmado la improcedencia del pedido presentado por Ronald Castillo Rojas, quien solicitaba la exclusión de Rafael López Aliaga de su postulación como primer regidor para el Concejo Metropolitano de Lima. El candidato pertenece a la lista del partido Renovación Popular para las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.
A través de la Resolución N.º 3707-2026-JNE, emitida el 4 de septiembre, el Pleno del organismo electoral declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por Castillo Rojas. Con esta decisión, el JNE ratificó lo dispuesto previamente en la Resolución N.º 05790-2026-JEE-LICN/JNE, la cual había sido emitida por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, declarando en primera instancia la improcedencia de la solicitud.
El origen del cuestionamiento se remonta a la renuncia de Luis Rubio Idrogo, quien era el candidato de Renovación Popular a la Alcaldía de Lima. Según el argumento presentado por Castillo Rojas, esta renuncia situaba a Rafael López Aliaga, en su calidad de primer regidor, en una posición que podría permitirle acceder nuevamente a la alcaldía metropolitana durante el periodo comprendido entre 2027 y 2030. El solicitante sostuvo que este escenario debía ser evaluado bajo el marco de la prohibición de reelección inmediata, establecida en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú.
No obstante, la mayoría del Pleno del JNE centró su análisis en la naturaleza jurídica del pedido. Aunque Castillo Rojas denominó su presentación como una "denuncia ciudadana", el JNE precisó que la denominación otorgada por quien presenta la pretensión no es lo que define su naturaleza, sino su contenido y finalidad. En este sentido, el organismo determinó que, dado que el pedido cuestionaba la permanencia de López Aliaga en la contienda electoral por una presunta incompatibilidad constitucional, el mecanismo legal correspondiente era la presentación de una tacha.
De acuerdo con la Ley de Elecciones Municipales, las tachas contra una lista o un candidato deben formularse dentro de los tres días calendario siguientes a la publicación correspondiente. El JNE verificó que la última publicación de la lista de Renovación Popular se realizó el 31 de julio de 2026. Por lo tanto, el plazo legal para presentar cualquier tacha venció los días 1, 2 y 3 de agosto. Dado que Castillo Rojas presentó su cuestionamiento recién el 21 de agosto, el Pleno concluyó que el pedido resultó manifiestamente extemporáneo.
En la resolución, el JNE aclaró que el hecho de que el JEE de Lima Centro hubiera trasladado la denuncia a Renovación Popular y a López Aliaga para que presentaran sus descargos no significaba que el pedido fuera válido a pesar de estar fuera de plazo. El organismo explicó que dicho traslado tuvo como único propósito garantizar el derecho de defensa de los involucrados, pero no eliminaba la preclusión del plazo para las tachas. Asimismo, se señaló que el argumento del JEE sobre que los hechos no configuraban una causal de tacha era complementario, siendo la razón determinante la extemporaneidad del pedido.
Es importante destacar que la mayoría del Pleno decidió no resolver si la situación generada por la renuncia del candidato a alcalde vulnera o no la prohibición constitucional de reelección inmediata. El JNE señaló expresamente que no correspondía ingresar al análisis de fondo sobre si la renuncia de Luis Israel Rubio modificaba la situación jurídica de López Aliaga, ya que hacer tal análisis implicaría evaluar una tacha cuyo plazo ya había concluido.
La decisión, sin embargo, no fue unánime. El magistrado Gunther Gonzales Barrón emitió un voto en minoría, argumentando que la prohibición de reelección inmediata no se limita a la postulación directa, sino que también abarca mecanismos indirectos que resulten en que la autoridad vuelva a ejercer la alcaldía en el periodo siguiente. Según Gonzales Barrón, el caso de un alcalde que postula como primer regidor y cuya lista pierde al candidato a alcalde por renuncia o rechazo se subsume en las hipótesis de reelección prohibidas por el artículo 194 de la Constitución.
El magistrado sostuvo que esta prohibición constitucional podría haber sido aplicada incluso de oficio y votó por declarar fundada la apelación para excluir a López Aliaga, proponiendo además que casos similares fueran elevados al Pleno para su revisión. No obstante, su postura no obtuvo la mayoría necesaria, prevaleciendo la decisión de mantener la candidatura de López Aliaga.
