El entorno judicial de la Fórmula 1 se ha visto envuelto en una fuerte controversia tras el cierre del caso relativo a las sanciones por exceso de velocidad impuestas a Pierre Gasly durante el Gran Premio de Mónaco. El conflicto alcanzó un nuevo punto de tensión este viernes, cuando el Tribunal de Apelación Internacional de la FIA dictó un veredicto que invalidaba la anulación de dichas sanciones, dejando así en firme las penalizaciones para el piloto francés.
Sin embargo, la resolución jurídica fue eclipsada por las declaraciones de Flavio Briatore, responsable de facto de la escudería Alpine. Durante la rueda de prensa oficial posterior al veredicto, Briatore decidió utilizar el espacio para lanzar una acusación directa contra la imparcialidad de uno de los miembros del tribunal, el juez Filippo Marchino. El directivo de Alpine arremetió contra el magistrado, afirmando que este mantenía vínculos estrechos con McLaren, una de las dos escuderías —junto con Red Bull Racing— que habían recurrido ante el tribunal de apelación para asegurar que las sanciones fueran mantenidas.
Briatore no escatimó en calificativos y declaraciones tajantes, asegurando que "uno de los jueces estaba vinculado a una escudería que presentaba una protesta contra nosotros". Según el jefe de Alpine, el comportamiento del juez Marchino durante la vista fue inadecuado, describiéndolo como "muy agresivo" y comparando su actitud con la de un "fiscal" en lugar de la de un juez neutral. Asimismo, Briatore señaló la nacionalidad del juez, mencionando que Filippo Marchino es estadounidense a pesar de que su apellido sugiera un origen italiano, calificando la situación general como "injusta" al sostener que un juez debe ser totalmente independiente.
Estas acusaciones, que han sacudido la estabilidad del paddock, parecen basarse en pruebas indirectas, pero su gravedad obligó a las instancias judiciales de la FIA a emitir una respuesta oficial el sábado. A través de un comunicado conjunto firmado por Laurent Anselmi (presidente del Tribunal de Apelación Internacional y del Congreso de Jueces de la FIA), Rui Botica Santos (presidente del Tribunal Internacional y vicepresidente del Congreso de Jueces), Waltraud Wünsch (vicepresidenta del Tribunal de Apelación Internacional) y Gérard Martin (vicepresidente del Tribunal Internacional), el organismo defendió la integridad de su proceso.
En el documento, la FIA subrayó que el proceso de selección de los jueces es transparente y que las escuderías de Fórmula 1 tienen voz y voto en dicho procedimiento. Precisaron que los nombramientos se realizan conforme a los estatutos de la FIA y que los jueces son elegidos por las Asambleas Generales, pudiendo ser propuestos por un grupo de al menos cinco escuderías. Además, destacaron que se siguen las normas más estrictas, basándose en las directrices de la Asociación Internacional de Abogados (IBA) relativas a los conflictos de intereses en el arbitraje internacional.
Uno de los puntos más críticos del comunicado de la FIA fue la mención a la actitud de Alpine durante el proceso. El organismo recordó que, tanto al inicio como al final de la vista, se invitó explícitamente a todas las partes implicadas a plantear cualquier reserva o objeción relativa a la composición del tribunal o al procedimiento seguido. Según la FIA, Alpine no presentó ninguna objeción en esos momentos, ni cuestionó la forma en que el tribunal interrogó a los testigos o llevó a cabo la sesión.
Asimismo, el Tribunal Internacional de Apelación (ICA) defendió la importancia de contar con colegios de jueces provenientes de diversos contextos culturales y geográficos. Según la institución, esta diversidad garantiza que los debates reflejen diferentes perspectivas y tradiciones jurídicas, lo que en última instancia refuerza la equidad, la credibilidad y el acceso a un juicio justo.
El comunicado concluyó reafirmando la validez del procedimiento y la integridad de los jueces. Si bien la FIA admitió que las decisiones judiciales pueden dar lugar a diversas interpretaciones o comentarios sobre su fundamento jurídico —algo que consideran legítimo—, aseguraron que mantienen un compromiso absoluto con la independencia y la imparcialidad de sus jueces y la integridad de todo el proceso judicial.
