10 de septiembre (Urgente.bo).- La Alcaldía de La Paz está pasando por una profunda crisis política y administrativa. Desde la posesión de César Dockweiler como autoridad edil, el 4 de mayo de 2026, los conflictos fueron en aumento. La falta de pagos a más de 60 trabajadores del Concejo, el incumplimiento de sueldos a trabajadores del relleno sanitario Sak’a Churu y la reciente crisis de la basura que atravesó la ciudad generaron cuestionamientos hacia la nueva gestión. Ruptura con el concejo Desde los primeros días de gestión, la relación entre la Alcaldía y el Concejo se vio fracturada debido a que concejales de la oposición formaron un bloque mayoritario en el Concejo para elegir a la directiva, dejando afuera al partido de Innovación Humana. Posteriormente, el conflicto escaló debido a la falta de pagos a nuevos funcionarios de la institución. Los concejales exigen al alcalde el cumplimiento de fallos y amparos constitucionales sobre la situación de los trabajadores, luego de que la Sala Constitucional ordenara al Ejecutivo regularizar en 48 horas los contratos, seguros y aportes de más de 60 funcionarios. diseno_sin_titulo_14.jpg “Estamos firmes para poder apoyar a nuestros trabajadores y decir que no vamos a claudicar, no vamos a desvariar hasta que el señor alcalde (César Dockweiler) se digne dar la solución. Ya hace cuatro meses se está pidiendo y, además, tenemos una resolución, la cual tampoco ha cumplido. Son 60 nuestros trabajadores afectados”, dijo la presidenta del Concejo, Waldy Caballero. Por su parte, el alcalde sostuvo que no tiene competencia legal en las contrataciones, planillas o trámites de incorporación o desvinculación de personal del Concejo. “No me llega el informe ni los memorándums firmados por la MAEC. Hasta este momento, el alcalde no tiene que ver en nada. Tiene que llegar el informe escrito y aprobado por la MAEC. Ellos retiraron gente; todo eso tiene que firmarlo un concejal o una concejal”, explicó el burgomaestre. Ante esto, el conflicto escaló a enfrentamientos físicos. El miércoles por la tarde, varios concejales denunciaron haber sido encerrados en oficinas de la Alcaldía por guardias municipales. Hubo forcejeos y ventanas rotas. Trabajadores de Sak’a Churu se encadenan tras siete meses sin sueldo Los trabajadores encargados del tratamiento de residuos en los rellenos sanitarios Sak’a Churu y Alpacoma radicalizaron sus protestas este lunes, encadenándose a los pilares del edificio municipal ExSoboce. Hay 42 familias afectadas que denuncian que se les adeuda siete meses de sueldos, además de la suspensión del seguro y un abandono de la municipalidad. “Nosotros tomamos esta medida por nuestro sueldo, que no nos están pagando. Ya estamos entrando a los ocho meses. Nosotros seguimos trabajando y, al no tener sueldo, todo hemos empeñado. Muchos vivimos en alquiler y los dueños de casa ya nos quieren votar”, señaló una de las trabajadoras. Los manifestantes aseguraron que, a pesar de no recibir ninguna remuneración por más de medio año, los trabajadores continuaron realizando sus labores. Sin embargo, hasta el momento se prestaron dinero de familiares y amigos para poder sobrevivir. “En marzo se ha calculado medio millón, de los demás meses hay que sacar cálculo todavía. En primera instancia, estamos hablando de sueldos de febrero y marzo. Inicialmente éramos 57 trabajadores, pero han dilatado mucho el pago. Por eso es que ya estamos llegando a casi ocho meses con 42 compañeros”, señaló el secretario general, Víctor Huaycho. La basura acumulada en La Paz En el mes de agosto, la ciudad de La Paz se enfrentó a una grave crisis de aseo urbano. Los trabajadores de la empresa La Paz Limpia paralizaron el 80% de los servicios, por lo que las calles y las avenidas se encontraban repletas de residuos. Las demandas pedían un reajuste económico ante el incremento de precios y garantías laborales. “Quiere que salgamos a trabajar, pero no nos está garantizando estabilidad laboral y el ajuste al combustible. Estamos pidiendo la nivelación bajo el decreto y bajo el contrato actual y vigente. En el contrato dice que, si es que llegara a haber un incremento macroeconómico en el servicio, automáticamente el Gobierno tiene la obligación de realizar un ajuste al combustible, que también está relacionado con el incremento al salario”, manifestó el representante. Sin embargo, poco después se llegó a un acuerdo entre los trabajadores y la Alcaldía. Firmaron un contrato modificatorio de ajuste de precios al servicio de aseo urbano, que durará hasta 2030 y establece un ajuste de precios de Bs 2,8 millones. “Hoy estimamos que lo que se le va a pagar por el ajuste de precios por el tema del diésel es de aproximadamente 2,8 millones de bolivianos hasta fin de año. Es decir, de 139 a 2,8, es una gran, pero gran diferencia”, explicó la autoridad.
